Cuba: ¿por qué denuncian más de 600 médicos al Gobierno?

“Nuestro objetivo no es desmantelar las misiones médicas de Cuba, sino frenar la esclavitud”, asegura Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders (PD). “No somos una entidad política, sino humanista”, insiste Larrondo, quien se presenta en la web como “emprendedor, inversor y filántropo cubano-español”. Y no esconde su larga historia de  colaboración con reconocidos opositores políticos isleños como el fallecido Oswaldo Payá; o José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), de la que este español hijo de cubanos se considera cofundador.

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La UNPACU y Ferrer firman también la denuncia que PD y Larrondo han elaborado y remitido a la oficina de la ONU en Ginebra y a la Corte Penal Internacional (CPI): “Misiones de Internacionalización de Cuba. 622 médicos cubanos contra el Gobierno cubano”. A los 405 testimoniantes protegidos, recopilados con ayuda de formularios online divulgados en diversas plataformas mediáticas, se suman la verificación y documentación de otros 217 testimonios hechos públicos previamente por los afectados.

Con ellos, PD amplía ahora una queja menos documentada de 2019, a la que siguieron ya lapidarios informes de la ONU y Human Rights Watch (HRW), contra las “normas draconianas” con que el Gobierno cubano estaría sometiendo a una “forma contemporánea de esclavitud” a trabajadores que prestan servicios en el exterior.

“Mientras yo viva, voy a estar exponiéndolos”

Los testimoniantes denuncian leyes que, viviendo en Cuba, les impedían viajar al extranjero por asuntos particulares sin una autorización especial. Mecanismos coercitivos de reclutamiento. Regulaciones que les impidieron llevar consigo a sus familias, conducir vehículos sin autorización explícita o desplazarse de la localidad donde laboraban mientras estuvieron contratados en el exterior.

Normas que les obligaban a prescindir de vínculos con personas con posiciones políticas desaprobadas por el Gobierno cubano. O a informar sobre sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde trabajaban; o de sus intenciones de contraer matrimonio. Y que crearon un “marco represivo” que favorece la impunidad de prácticas de acoso, aunque estas sean activamente sancionadas por las leyes cubanas y del país de acogida.

Y denuncian, especialmente, leyes que, tras abandonar “misiones” o contratos oficiales en el exterior o no regresar una vez concluidos estos, los califican de “desertores” y los castigan con la prohibición de entrar al país en 8 años (o más, y sin excepciones humanitarias, sobre todo si el afectado hace declaraciones públicas al respecto).

“Mi niña intentó suicidarse”, cuenta a DW Manoreys Rojas, licenciado en Traumatología y Ortopedia de la provincia Sancti Spíritus. Tenía 11 años y le diagnosticaron un trastorno de la personalidad. Estuvo un mes hospitalizada, hace tres años. Rojas, que abandonó una misión en Ecuador y hoy reside en EE. UU., no ha conseguido visitarla. Ni cuando voló intempestivamente a la isla tras conocer del intento de suicidio, pues fue devuelto desde el mismo aeropuerto. Ni en las dos ocasiones en que solicitó visas humanitarias, como le sugirieron en el aeropuerto, pues le han sido denegadas, según relata a DW.

Por eso, “mientras yo viva, voy a estar exponiéndolos”, dice haber advertido al funcionario de inmigración que lo atendió. Y así lo ha hecho. Sus denuncias, verificadas y documentadas por PD, se hallan en la web. En respuesta, asegura, a la doctora de su hija le llegaron presiones de la Seguridad del Estado para modificar su informe de cara al visado humanitario. Y a su madre, advertencias para “que le diga a su hijo que no siga hablando, pues no va a volver a entrar.”

“Todo, para que no escape el esclavo”

Entre los denunciantes hay quien, como Rojas, entonces con dos hijos de siete y tres años en un apartado pueblo de provincia, siempre vio la “misión” como la posibilidad de viajar y obtener ingresos que mejorasen su situación económica, reconoce a DW. Pero hay también quien, como Arluis Barrera, médico en Santiago de Cuba, con un posgrado en Endoscopía y un hijo de 4 años, “no estaba de acuerdo, porque había oído muchas historias”. Sin embargo, lo presionaron y cedió, “desgraciadamente”, lamenta.

Lo mejor que le pasó en Venezuela fueron los venezolanos, “su cultura, su alegría”, recuerda Barrera. Lo peor, “todo lo demás”, resume. Y habla de la reunión inicial con un militar, de la retención de su pasaporte, y de presiones para falsificar al alza las estadísticas de pacientes consultados y para hacer política: “hablar con los pacientes de Maduro, Chávez, la Constituyente, las presidenciales”.

PD denuncia también que los convenios firmados por Cuba con otros países violan, en muchos casos, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la abolición del trabajo forzoso. No son de conocimiento público, y están incluso protegidos con cláusulas de confidencialidad: “hechos con dolo, con deseo de ocultación para dejar a la otra parte exenta de derechos”, asegura Larrondo.

Y lo mismo aplica a los contratos individuales, que muchas veces ni siquiera se presentan a los trabajadores, o apenas se les muestran incompletos, sin claridad sobre su remuneración; o sin tiempo para leerlos, como confirma el doctor Barrera. “Todo, para que no escape el esclavo”, concluye Larrondo. Y recuerda que pese a su etiqueta oficial de "solidarios", los servicios médicos son la primera fuente de ingresos en divisas de Cuba, por delante de las remesas familiares y el turismo (según cálculos independientes de los datos oficiales, representaron el 46 por ciento de las exportaciones cubanas y 6 por ciento del PIB de la isla en 2019).

Por este camino, la denuncia de PD llega más lejos, y salpica a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “No queremos denunciar a la OPS, sino lo que la OPS hizo en Brasil”, precisa a DW. Y asegura que la representación de la organización en ese país fue “totalmente infiltrada por la Seguridad del Estado cubana”. La denuncia recoge acusaciones que han sido manejadas también por el Gobierno de EE. UU. y rechazadas por Cuba. Según estas, el Ejecutivo isleño y su anterior homólogo brasileño usaron a la organización regional como intermediaria  para evitar el control del congreso brasileño, permitiéndole obtener beneficios del 5 por ciento de los salarios de los médicos cubanos.

¿Sólo personal de salud?

Cuba disponía, a fines de 2019, de más de 492 mil profesionales y técnicos de la salud, según cifras oficiales. Entre 2015 y 2018 (antes de retirarse de Brasil, Ecuador y Bolivia, por diferencias políticas con sus Gobiernos), la isla llegó a desplegar hasta a 50.000 colaboradores en casi 70 países. En marzo de 2020, aún eran cerca de 29.000 en unos 60 países. De ellos, algo más de 20.000 en Venezuela. Y casi 600 adicionales viajaron hasta abril a asistir a otros países en la actual pandemia de coronavirus.

No hay cifras oficiales claras sobre cuántos cooperantes médicos cubanos han abandonado estas “misiones” para radicarse fuera de la isla en los últimos años. Pero, según El Nuevo Herald de Miami, unos 8.000 se acogieron al Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, mientras otorgó visas para radicarse en EE. UU. desde terceros países entre 2006 y 2017. Y entre poco más de 800, de acuerdo con cifras oficiales cubanas, y hasta algo más de 2 mil, según conteos independientes, no habrían regresado de Brasil en 2018.

Actualmente, PD estima entre 5.000 y 10.000 los trabajadores de la salud legalmente impedidos de entrar a Cuba por 8 años, tras haber abandonado una “misión”. En otras ocupaciones (ingenieros, profesores, artistas, marinos, diplomáticos), con contingentes menores contratados en el servicio exterior, que podrían sumar hasta 20.000 personas, las cifras y la disposición a denunciar parecen menos menos claras.

De ahí que más del 90 por ciento de los 622 testimonios recogidos en la denuncia de PD pertenezcan, como indica su título, a profesionales y técnicos de la salud. Pero sus experiencias parecen comunes con las de sus pares en otras profesiones y con las de atletas en competencias o bases de entrenamientos internacionales, a quienes el informe incluye como parte de una muestra menor.

Así lo confirma a DW Lisandra Lima, parte del equipo nacional de pelota vasca por 14 años, medallista en Juegos Panamericanos (2011) y Centroamericanos (2014), con cinco mundiales en su haber: “Te retiraban el pasaporte en el aeropuerto, estabas constantemente vigilada; obtenías bajo presión el resultado que esperaban de ti y no te pagaban, o no te pagaban el 100 por ciento del premio que daba la competencia, se atrasaban los pagos.”

Cuando resolvió pedir asilo en España a sus 31 años, tras jugar el Mundial de Barcelona 2018, dejó además atrás un irresuelto caso de acoso del que -como de cualquier otro tema polémico- “no se podía hablar”. Se decidió, finalmente, tras el anuncio de que, pese a ser la primera figura del equipo y mantener su buen rendimiento deportivo, la obligarían a retirarse para dar paso a nuevas figuras, sin posibilidad de réplica, cuenta. El castigo, como en cualquiera de estos casos: 8 años sin pisar el país, “injusto no, un poco más”, sentencia.

Su familia, a diferencia de otras, no ha sufrido presiones, probablemente porque Lima ha evitado conscientemente, hasta ahora, hacer declaraciones públicas. No es el caso de otra denunciante consultada por DW, que confirmó muchas afirmaciones de la denuncia; pero pidió no ser identificada porque, tras sus últimas declaraciones públicas, a su hijo “le han pasado cosas feas en la escuela.” 

Una “Brigada Médica Internacional Libre”

Como colofón, la ONG española de relatoría de derechos humanos, acción jurídica y defensa pro-democrática que presenta esta denuncia, anuncia la creación de una “Brigada Médica Internacional Libre”, con más de 2.000 médicos “desertores” cubanos reclutados por la multinacional Prodie Santé. Su objetivo: sacar del desamparo a este personal calificado y “cubrir necesidades de salud pública sin esclavitud”, en sitios donde no está presente el Gobierno cubano, asegura Larrondo.

Tanto la denuncia como la brigada, espera el presidente de Prisioners Defenders, deberían además, fuera de Cuba, ayudar a abrir los ojos de la izquierda internacional, porque “es importante que la defensa de los trabajadores nazca de la izquierda”, dice. Y dentro, a lo que llama “forzar a la Seguridad del Estado a liberar al Estado”. Pues, en la isla, insiste, “hay un funcionariado moderado que odia profundamente al régimen impuesto por la Seguridad del Estado, quiere ser liberado y está preparado para buscar soluciones”.

(cp)