La selva amazónica, con sus 7,4 millones de kilómetros cuadrados, cubre aproximadamente el 40 % del continente sudamericano, siendo la selva tropical más extensa del planeta. Este invalorable ecosistema posee la mayor biodiversidad del mundo y alberga aproximadamente la quinta parte de toda el agua dulce superficial disponible en la Tierra. Además de regular los ciclos del agua y del carbono, la Amazonía desempeña un papel crucial al absorber las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Lamentablemente, en los últimos cincuenta años, entre el 17 % y el 20 % de este valioso hábitat ha sido devastado. Distintos estudios advierten que, si se sobrepasa el umbral del 25 % de deforestación en la Amazonía, se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno. Esto resultaría en la pérdida de la capacidad de regeneración de estos territorios y pondría en peligro su función vital como el pulmón vegetal más grande del planeta.
En medio de una creciente preocupación internacional por este desastre ambiental, el próximo 8 y 9 de agosto, los jefes de Estado de los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reunirán en la ciudad brasileña de Belém con el objetivo de reimpulsar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y fortalecer institucionalmente a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
El ecocidio de la Amazonía venezolana
Venezuela alberga aproximadamente el 6,73% del bioma total de la Amazonía, principalmente en los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esos estados, en su conjunto, representan aproximadamente la mitad del territorio nacional venezolano y albergan al 8,5% de la población total del país, incluidas 24 etnias indígenas. A pesar del valor medioambiental de estos territorios, y de que un 40% de ellos son áreas protegidas por ley, durante la última década la Amazonía venezolana ha sufrido los efectos negativos de una irresponsable política gubernamental que ha causado daños muy graves e irreversibles a esos frágiles ecosistemas.
Durante la última década, el colapso de la industria petrolera venezolana llevó al régimen chavista a centrar su atención en la explotación intensiva de las riquezas minerales en la zona sur del Orinoco. Se estima que esa región alberga, entre otros minerales valiosos, alrededor de siete mil toneladas de oro, lo que representa la sexta reserva natural de oro más grande del mundo. En el año 2016, Nicolás Maduro decretó como "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco" a un área que abarca más de 112.000 Km2 de la Amazonía venezolana, extensión territorial que excede el tamaño de isla de Cuba. De acuerdo con el portal de investigación InSight Crime, "el oro de Bolívar ha sido un salvavidas económico para el gobierno venezolano, que le ha permitido acceso limitado a los mercados internacionales, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos".
Hoy en día, el impacto de esta política extractivista ha sido tan negativo que la ONG ambientalista SOS Orinoco no ha dudado en catalogarlo de "ecocidio”. La expansión descontrolada de la minería ilegal, la deforestación de más de 140.000 hectáreas de bosques primarios, la contaminación y destrucción de las cuencas hidrográficas y de sus ecosistemas acuáticos, el crecimiento exponencial de la violencia criminal en la zona, así como el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos de las etnias originarias, son solo algunos de los efectos perversos ocasionados por esta política gubernamental. Estos hechos han sido documentados en numerosos informes e investigaciones de reconocidas organizaciones ambientalistas, tanto a nivel nacional como internacional.
Según denuncia SOS Orinoco en sus informes 2021 y 202, "el Arco Minero ha promovido la minería depredadora, la violencia y la pérdida de soberanía del Estado venezolano, dentro y fuera de la poligonal de dicho arco. La violencia es liderada por los grupos armados organizados (GAO) y por la FANB, quienes se coordinan, reparten y disputan el poder minero, dejando en el camino a muertos, desaparecidos, desplazados, y un nuevo orden que se sustenta en el tráfico de oro, gasolina, mercurio y personas”.
Despliegues militares para proteger el medioambiente
Desde mediados del 2022, en medio de acusaciones por parte de ONG ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos, así como de enérgicas protestas de las poblaciones indígenas que residen en la Amazonía venezolana, y la persistente anarquía y violencia que ha arraigado en estos territorios, Nicolás Maduro inició una serie de operativos militares en contra de la minería ilegal en la región de Guayana venezolana.
De acuerdo con los voceros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las operaciones militares Escudo Bolivariano Autana y Roraima, desplegadas en el territorio Amazonas Parque Nacional Yapacana, apuntan a la protección ambiental, a la erradicación de la práctica de la minería ilegal, a la expulsión de los grupos que operan en esta zona y a iniciar un proceso de recuperación del área afectada por la actividad extractivista.
La minería ilegal continúa "indeteniblemente” en la Amazonía venezolana
Estas acciones militares, sin embargo, no han convencido a las ONG ambientalistas y defensoras de derechos humanos en Venezuela, las cuales han acusado al régimen de Nicolás Maduro de querer maquillar con ellas su "política minera depredadora” en la Amazonía venezolana.
InSight Crime denunciaba, a finales del año pasado, que estos operativos militares eran simplemente intentos del régimen de Maduro de tomar el control de la explotación minera, pues "por falta de capacidad tecnológica y control territorial, gran parte de la actividad minera en ese estado es controlada por los sindicatos y no por el gobierno. Estas bandas se llevan una tajada del oro producido en las minas que controlan, lo cual reduce la cantidad que termina en manos del gobierno”.
Estas apreciaciones has sido reiteradas por Erick Camargo, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), quien ha señalado que los operativos militares ordenados por Nicolás Maduro "no han sido en pro de frenar la extracción minera, sino parte de una lucha de poder armada por el control de las minas y el comercio mineral. Las denuncias, especialmente en Yapacana, indican que la explotación minera sigue, pero ahora bajo estricta vigilancia militar, no en procura de la recuperación de los territorios devastados, sino para el control de la actividad”.
Por otra parte, la ONG Control Ciudadano, dedicada al tema militar y a la protección de los derechos humanos en Venezuela, afirmó en un comunicado de prensa, en enero de este año, que "las causas estructurales de la destrucción del Yapacana no podían ser resueltas con una operación militar. La recuperación de la plena soberanía en la frontera, al sur de Venezuela, solo sería posible cuando se reconozca oficialmente que el enemigo a combatir para la Fuerza Armada Nacional es la guerrilla colombiana, que se está consolidando cada vez más en los Estados Amazonas y Bolívar para controlar el gigantesco negocio de la minería ilegal, por los dividendos y poder que genera y sus ramificaciones”.
Es por ello que la SOS Orinoco, organización no gubernamental que viene monitoreando y georreferenciando desde 2018 la huella minera al sur de Venezuela, ha calificado a la Operación Autana 2023 como una campaña mediática, y presentó informes y videos que demostraban cómo en los últimos 24 meses la minería al sur del país había seguido expandiéndose. Según esa oenegé, el régimen de Nicolás Maduro está asociado con la guerrilla colombiana y no tiene la voluntad real de expulsar a estos grupos armados del territorio venezolano. En su cuenta de Twitter, SOS Orinoco advirtió el 28.06.2023 a la comunidad internacional que "Nicolás Maduro pretende engañar al mundo ambiental en la cumbre de países amazónicos, pero la realidad de su política minera no se puede esconder: la minería ilegal continúa indeteniblemente”.
Ausencia de política y estrategia nacional frente al cambio climático
Otras evidencias de que persiste el desinterés y la falta de un verdadero compromiso por parte del régimen de Nicolás Maduro respecto de la protección de la Amazonía venezolana lo constituyen el hecho de que el Estado venezolano mantiene vigente el decreto del Arco Minero, y se ha negado a suscribir el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente, así como varios de los acuerdos de la COP26 de Glasgow. A esas graves falencias se suma el hecho de que, actualmente, el país no cuenta con una política y una estrategia nacional de cambio climático, tal como lo vienen denunciando de manera reiterada los avances del Reporte Académico de Cambio Climático de la Academia de Ciencias de Venezuela.
El lavado verde de la devastadora política minera gubernamental
Dada la gravedad del cambio climático y de la crisis ambiental que se cierne hoy en día sobre el mundo, se han establecido múltiples fondos y programas internacionales que ofrecen financiamiento y recursos a los países que demuestran un compromiso real en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. De acuerdo con Erick Camargo, de la OEP, los últimos operativos militares en contra de la minería ilegal en Venezuela formarían parte de "una clara jugada de greenwashing”, un tipo de estrategia de relaciones públicas destinada a transmitir la engañosa impresión de que el régimen de Maduro está comprometido con la protección del medioambiente, y de esta forma poder acceder a dineros de los llamados fondos verdes o fondos para la protección climática (Fondos para Reducir las Emisiones de Carbono, Fondos de Inversión en el Clima, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima).
Esperamos que los intentos de Maduro por lavar la deteriorada imagen de su régimen en temas ambientales y presentarse como un gobernante consciente y respetuoso del medio ambiente en la próxima Cumbre de la Amazonía no engañen a la comunidad internacional, especialmente a los otros jefes de Estado amazónicos. Es fundamental que se inste al régimen venezolano a asumir con responsabilidad su deber de detener las acciones ecocidas que continúan ocurriendo en la Amazonía venezolana, y que el Estado desarrolle una genuina política de protección ambiental para estos ecosistemas tan vitales, tanto para la región como para el mundo.
(cp)