Un paso adelante en la lucha contra la impunidad
31 de mayo de 2010
El Estatuto de Roma fue un hito en el camino hacia la penalización de crímenes de guerra y en el logro de más justicia para las víctimas. Entró en vigor el 1º de julio de 2002 y fundamentó la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya. Para mejorar la eficiencia del TPI, los Estados participantes acordaron una conferencia de supervisión que comenzó este 31 de mayo, en Kampala, la capital de Uganda.
Mayor obstáculo: EE.UU.
Hace casi ocho años, en julio de 2002, el TPI inició su labor. El Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, el juez argentino Luis Moreno Ocampo, hizo un primer balance positivo en la víspera de la primera conferencia de supervisión. En los pasados ocho años, el mundo dio algunos pasos adelante para terminar con la impunidad de los crímenes de guerra, los genocidios y los crímenes de lesa humanidad.
“El Tribunal Penal Internacional tiene procesos abiertos por crímenes cometidos en Congo, Uganda, la República Centroafricana y Darfur. Y ahora iniciamos las investigaciones de delitos en Kenia. Hay cuatro responsables en prisión. Y estamos contemplando investigar crímenes en Colombia, Costa de Marfil, Afganistán, Palestina y Georgia”, explica el juez Moreno Ocampo.
Una mayoría de 111 de los 192 Estados que conforman las Naciones Unidas pasaron a formar parte del TPI desde el acuerdo del Estatuto de Roma, en 1998. Otros 39 países firmaron el acuerdo, pero aún no lo han ratificado. Entre los 42 Estados que ni siquiera han firmado hay algunos en los que no es posible fiarse de la justicia nacional para la persecución de los tres crímenes centrales antes mencionados.
Entre ellos están Sudán, Irak, Irán, Israel, Cuba y Arabia Saudita. El mayor obstáculo para la labor del TPI, sin embargo, es la abstinencia persistente de los EE.UU. El Gobierno de Bush incluso boicoteó activamente al TPI y, a través de presiones masivas, intentó convencer a otros países de no ingresar al mismo.
El significado del derecho
Uno de los críticos más tajantes de la posición estadounidense es el jurista Benjamin Feresz, que se presentó como denunciante contra los responsables del régimen nazi durante los procesos de Nuremberg. “Cada país que viola el derecho debería ser enjuiciado, ya sean los EE.UU., Israel, Egipto, China, o el que fuere. Ese es el significado del derecho: se acuerdan determinadas reglas, y quien las viola debe hacerse responsable”, señala Benjamin Feresz.
La Administración de Obama cesó el boicot activo al TPI, pero sigue negándose a ser miembro del tribunal alegando que tiene que proteger a sus soldados, que operan en misiones a lo largo y ancho del mundo, de posibles acusaciones y detenciones de carácter arbitrario.
Este argumento es rebatido decididamente por el experto en derecho internacional David Scheffer, que participó en las negociaciones sobre el estatuto del TPI en los años 90, como representante del ex presidente Bill Clinton. “Nuestras Fuerzas Armadas sacarían considerable provecho de un proceso legal que disciplinara a otros países y los obligara a respetar el Derecho de guerra, el Derecho internacional Humanitario y la Convención sobre Genocidio, justamente porque existe una instancia como el Tribunal Penal Internacional. Eso es exactamente lo que ofrecería protección a las Fuerzas Armadas estadounidenses”, subraya Scheffer.
“Sólo la justicia traerá hará posible la paz”
Durante la conferencia de supervisión en Kampala, el debate sobre la tarea del TPI se centrará sobre todo en una cuestión: si las acusaciones e investigaciones del TPI fomentan u obstaculizan los procesos de paz y el cese de conflictos internos.
Robert Nujuba participa en la conferencia en Kampala por la República Democrática del Congo y representa a la Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales en su país, organismo que trabaja para lograr que la TPI cuente con una sólida representación internacional. Según él, la respuesta a la pregunta central es clara: “Sólo la justicia hará posible la paz. Para detener una guerra, debemos darle prioridad a la justicia”.
Misión: derrotar a la impunidad
“Mi misión está definida a través del Estatuto. La tarea consiste en acabar con la impunidad de la que aún gozan estos crímenes, contribuyendo así a evitar crímenes futuros”, explica el juez Luis Moreno Ocampo.
Por este motivo, Moreno Ocampo consiguió dictar una orden internacional de arresto contra el presidente de Sudán, Oman Hasan Ahmad Al-Bashir. La orden de detención, empero, es ignorada por numerosos Gobiernos africanos y árabes que todavía reciben a Al-Bashir. También el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, critica y desatiende la orden internacional de arresto contra el presidente sudanés, que fue reelegido recientemente.
Ban Ki Moon hizo participar oficialmente a representantes de Naciones Unidas de las celebraciones por el comienzo del segundo período legislativo de Bashir en Jartum, el jueves 27 de mayo de 2010. Con eso, el secretario general de la ONU infringió cláusulas relevantes de esa organización internacional. Bajo estas circunstancias, la tarea preventiva que Luis Moreno Ocampo espera que cumpla el Tribunal Penal Internacional no pudo cristalizarse, al menos en el caso de Sudán.
Autor: Andreas Zumach/ Cristina Papaleo
Editora: Emilia Rojas-Sasse