Tumeremo:¿Una masacre tolerada por el Estado venezolano?

No hay aún claridad absoluta sobre el número de cadáveres encontrados, que se presume, pertenecen a los mineros desaparecidos el 4 de marzo en el venezolano Estado de Bolívar. Según el diario Correo del Caroní, en la mina Nuevo Callao, jurisdicción de Tumeremo, se encontró una fosa común con 17 cadáveres, como anunció la fiscal general Luisa Ortega. Carlos Chancellor, alcalde de Sifontes, más cercano al lugar, habla de 20.

La masacre ocurrió en Bolívar, el mayor Estado de Venezuela y el más rico en minerales, pero, a su vez, en el que rige la mayor y más mortífera anarquía en su explotación. “El oro, los diamantes, el coltán y otros minerales atraen a cada vez a más personas, que agobiadas por la mala situación económica de Venezuela, prefieren arriesgar su vida por unos gramos de oro”, dice a DW la periodista investigadora María de los Ángeles Ramírez, del Correo del Caroní, el único diario independiente que ha sobrevivido en Bolívar a la persecución de la prensa en Venezuela.

“Se estima que hay entre 10 y 15.000 mineros ilegales”, dice Ramírez y agrega que “la anarquía que rige en la explotación, con bandas criminales y mafias apoderadas de las distintas minas o de sectores de éstas, se debe a que el Estado venezolano no ha ejercido ninguna autoridad sobre la zona”. Este es el caso de la mina Nuevo Callao, en la que el sujeto ecuatoriano llamado El Topo es la autoridad. “La masacre tuvo lugar como un acto de intimidación de El Topo, para detener la formación de un sindicato minero, promovido por la banda rival de El Gordo”, es la conclusión de las investigaciones de dicho diario de Tumeremo.

“En Venezuela no se está garantizando ni el derecho a la alimentación”

Si bien la ilegalidad propicia la violación de los derechos humanos, “tanto en Bolívar como en el resto de Venezuela, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la libre expresión no se están garantizando”, dice la investigadora María de los Ángeles Ramírez, quien agrega que “el caso de los mineros es un ejemplo del irrespeto a los derechos humanos.

En lo que concierne a la libertad de prensa, en Bolívar, como en toda Venezuela, la sola reportería de hechos delictivos puede significar un riesgo para los medios. Tal es el caso del mismo director del Correo del Caroní, David Natera Sebres, que fue condenado hace pocos días a una pena de varios años de cárcel por mencionar uno de los nombres involucrados en un presunto peculado.

En ello concuerda la abogada Liliana Ortega, directora de COFAVIC, una de las más experimentadas ONG de derechos humanos en Venezuela. Ortega hace un crudo balance de la situación de los derechos humanos en ese país suramericano, en donde “los problemas endémicos se han agravado, más concretamente la situación carcelaria, el uso desproporcionado de la fuerza pública, la brutalidad policial y la violencia, que afecta los derechos humanos de manera transversal”, apunta Ortega y agrega que “en Venezuela hay 27.000 homicidios y 1.044 presuntas ejecuciones extrajudiciales anuales”. Todos crímenes ligados a la impunidad que la jurista cifra en un 99%. “En Venezuela hay grupos armados que actúan con total impunidad”, denuncia Ortega y resalta el creciente hostigamiento a quienes denuncian corrupción, prácticas ilegales y la violación de los derechos humanos.

Un deterioro generalizado que se ha hecho visible en la última masacre en la mina de Nuevo Callao. “Las bandas organizadas ligadas a la minería ilegal, ejercen el control social de la zona en gran medida con la aquiescencia y la tolerancia plena de las autoridades”, concluye COFAVIC.

Gracias a que los criminales saben que muy probablemente no van a ser castigados la violencia se toma cada vez más calles, campos y minas. Pero como las víctimas también lo saben, esto genera un sentimiento de inmensa impotencia ante el desamparo.