Las comunidades indígenas resisten a Bolsonaro

Rara vez algo tan precioso ha caído en manos tan peligrosas. Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el año pasado, la Amazonía, que alberga el 10 por ciento de la biodiversidad de nuestro planeta y absorbe hasta el cinco por ciento de las emisiones mundiales de carbono, ha sido golpeada por un número récord de incendios y una deforestación sin precedentes.

Al mismo tiempo, aquellos que han demostrado ser guardianes responsables de la selva, están presionados y amenazados por una escalada de violencia. Desde que Bolsonaro llegó al poder, han aumentado las invasiones de tierras indígenas por parte de madereros y mineros. Siete líderes indígenas ya han muerto en disputas de tierras.

En noviembre, un grupo de abogados brasileños y grupos de derechos humanos pidieron a la Corte Penal Internacional que acusara a Bolsonaro de incitar al genocidio contra los indígenas de Brasil.

Argumentan que estas comunidades corren un mayor riesgo de violencia porque “los medios de existencia de los pueblos indígenas se basan en su relación con la tierra, el bosque, la vida silvestre y el agua”, y que las amenazas a la naturaleza los ponen “en riesgo de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

“Bolsonaro nos está quitando nuestro futuro”

Bolsonaro, que ha comparado a los indígenas con animales de zoológico y acusado a sus líderes de trabajar para promover los intereses extranjeros en la Amazonía, ha amenazado repetidamente con poner fin a la política de demarcación de tierras, por la que se concede a las comunidades indígenas el derecho a territorios claramente definidos.

También ha atacado a la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), el órgano del gobierno brasileño que vela por los intereses indígenas, recortando su financiación y poderes y prohibiendo a sus empleados hablar con la prensa.

Al mismo tiempo, el presidente ultraderechista ha eliminado las restricciones medioambientales y se dispone a legalizar 300.000 propiedades rurales ocupadas ilegalmente. El 86 por ciento de ellos se encuentran en la Amazonía y se utilizan para la agricultura comercial y la explotación forestal.

“Bolsonaro nos está robando nuestro futuro”, dice a DW la conservacionista indígena Olinda Muniz. “Un presidente que fomenta el genocidio y no hace nada para frenar los desastres ambientales es una persona que nunca debería representar a este país”.

Estilos de vida indígenas vs. desarrollo económico

Un estudio reciente que compara áreas de Brasil, Australia y Canadá encontró una mayor biodiversidad en los territorios administrados por pueblos indígenas. El estudio es solo uno de los muchos que concluyen que las comunidades indígenas conservan excepcionalmente bien las tierras que habitan.

Sin embargo, en Brasil, como en otros lugares, su forma de vida ha estado amenazada desde que los colonizadores llegaron por primera vez de Europa y comenzaron a explotar los recursos naturales de su tierra e imponer formas de vida ajenas a su gente.

Los abogados que presentan una demanda contra Bolsonaro argumentan que el modo de vida indígena se presenta como un problema en sí mismo que “obstaculiza los planes de desarrollo nacional”, es decir, “proyectos de infraestructura y de minería, así como actividades madereras y agrícolas en zonas boscosas”.

Muniz y su marido, Samuel Wanderley, pertenecen a la tribu Pataxó Hã-Hã-Hãe. Fundaron el proyecto Kaapora en Caramuru Paraguaçu, una región indígena en el estado brasileño de Bahía. Están reconvirtiendo las tierras de pastoreo en bosques, protegiendo los árboles que quedan y plantando otros nuevos para que la tierra pueda volver a ser un refugio para los animales salvajes.

Ahora teme que tales esfuerzos hayan sido en vano. “No tenemos ninguna garantía de que nuestros derechos constitucionales sean respetados”, lamenta Muniz. “Los movimientos sociales están siendo atacados directamente”.

El proyecto Kaapora es uno de los muchos en Brasil, a través del cual las comunidades indígenas, independientemente o en asociación con ONGs, ayudan a restaurar el bosque y a mantener las formas de vida tradicionales en medio de la modernidad. Para ello combinan el conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías y se desvinculan de los mercados y los gobiernos, que rara vez han trabajado a favor de sus intereses.

El grupo Ashaninka del estado de Acre, por ejemplo, ha creado sus propias cooperativas para cultivar alimentos y proveer a su comunidad. Al igual que los Pataxó en el estado de Minas Gerais, también transmiten sus conocimientos sobre agricultura sostenible a comunidades no indígenas. Buscan el diálogo con el mundo exterior, especialmente con los jóvenes, y esperan transmitir su respeto por la naturaleza.

Vigilando su propia tierra

El grupo Kaingang, en el sur de Brasil, está tratando de reforestar sus tierras con una especie de árbol autóctono: la araucaria, cuyo fruto es comestible y se puede comercializar. También sirve de alimento para los animales nativos. Para Marcio Kokoj, de la Asociación Ambientalista Indígena Guaraní Káingang, el gobierno de Bolsonaro es un retroceso a la dictadura militar brasileña, que asesinó a miles de indígenas, expulsó a otros miles de sus tierras y torturó y esclavizó a muchos entre 1964 y 1985.

“Nuestra mayor preocupación son los ataques a las fronteras de nuestros territorios, por lo que nos vemos obligados a demarcarlos nosotros mismos”, señala Kokoj. “Si nos dirigimos a Bolsonaro, se abrirán zonas para la producción agrícola a gran escala, a las multinacionales y a la minería. Eso nos preocupa mucho”.

Mediante la autodemarcación, las comunidades indígenas trazan los límites de su propio territorio, a menudo expulsando a los ocupantes ilegales, como los madereros.

En julio de 2019, la tribu indígena Munduruku de la región de Tapajós, en el estado de Pará, tomó medidas contra los madereros ilegales, que habían invadido una zona que los Munduruku llevaban reclamando desde 2014.

Los Munduruku se armaron con flechas, cantos, pinturas de guerra y “la sabiduría de nuestros antepasados”, tal y como manifestaron en una carta al Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que dejó clara su intención de defender su propia tierra, incluso si las instituciones gubernamentales no lo hacen.

Llamamiento a la comunidad internacional

Kokoj también afirma que el gobierno de Bolsonaro no debería esperar que los guardianes del bosque se rindan sin luchar. “Los pueblos indígenas, a lo largo de los años y de los gobiernos, hemos creado una resistencia que sigue siendo efectiva hasta el día de hoy”, señala.

En defensa de su tierra y su cultura, las comunidades indígenas brasileñas se han aliado desde hace mucho tiempo con los principales movimientos sociales. Asimismo, denuncian la violación de sus derechos ante organismos internacionales y, sobre todo, insisten en permanecer en sus territorios a pesar de las amenazas y de la violencia. Desde que Bolsonaro llegó al poder, los activistas indígenas han tomado las calles para hacer valer sus derechos sobre la tierra y protestar contra el trato que reciben del gobierno derechista.

Kokoj subraya, no obstante, que el apoyo de la población brasileña en general y de la comunidad internacional es fundamental.

Según el grupo de abogados brasileños que presiona a la Corte Penal Internacional, se espera que el fiscal del Tribunal Internacional de La Haya investigue su denuncia. Queda por ver si Jair Bolsonaro será acusado y si la presión internacional será realmente tan grande como esperan las comunidades indígenas.

Raphael Tsavkko Garcia (AR/ER)