Expresidentes latinoamericanos condenados por la justicia

Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil (2019-2023), fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado una organización criminal armada para tratar de dar un golpe de Estado, a fin de aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022. La defensa de Bolsonaro dijo que apelará la sentencia. Bolsonaro, de 70 años, cumple hasta ahora -11 de septiembre de 2025- condena domiciliaria.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), acusado de fraude procesal y soborno, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en julio de 2025. Uribe siempre ha negado los hechos y acusa persecución política. La defensa de Uribe ahora prepara una apelación que pasará el caso al Tribunal Superior de Bogotá.

La Corte Suprema de Argentina sentenció a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en Argentina, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Por su edad, 72 años, accedió a prisión domiciliaria

Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil (1990-1992), cumple una condena de ocho años de cárcel por un caso de corrupción desde 2023. En mayo de 2025, la Corte Suprema le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Pedro Castillo, destituido de la presidencia de Perú tras haber ordenado la disolución del Parlamento (07.12.22), fue detenido y llevado al penal de Barbadillo. A las acusaciones que ya enfrentaba, el Ministerio Público agregó la del presunto delito de rebelión “por quebrantar el orden constitucional”. En la misma prisión se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori.

Rafael Correa, quien ejerció el cargo de presidente de Ecuador durante tres mandatos sucesivos (2007- 2017), fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación política por cohecho, y está prófugo de la Justicia ecuatoriana en Bélgica, país que le otorgó la condición de asilado político con estatus de refugiado.

Alberto Fuijimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, perpetró en 1992 un autogolpe de Estado. En su régimen hubo bullados casos de corrupción. Cumplía una condena de 25 años de cárcel por homicidio calificado, usurpación de funciones, corrupción y espionaje, desvío de fondos y peculado cuando fue liberado en diciembre de 2023. Falleció el 11 de septiembre de 2024.

Ollanta Humala (2011-2016) completó su mandato en Perú, pero un año después fue enviado a prisión preventiva. Tanto él como su mujer fueron investigados por acusaciones de recibir dinero ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial peruana en 2011. En abril de 2025 fue condenado a 15 años de cárcel, que cumple en el penal de Barbadillo. Su esposa, también condenada, recibió asilo en Brasil.

Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino de Bolivia como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales. Fue detenida el 13 de marzo de 2021. En un controvertido fallo, un tribunal la condenó a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Fue liberada el 25 de agosto de 2025.

Lula da Silva (2003-2010 y 2023-2027) pasó 580 días en prisión entre abril de 2018 y noviembre 2019 por dos casos de presunta corrupción. En marzo de 2021, la Corte Suprema anuló las dos sentencias debido a irregularidades procesales cometidas por la Fiscalía y los jueces que le procesaron. Así, pudo presentarse a las elecciones de 2022, en las que derrotó a Jair Bolsonaro.

Un tribunal condenó en diciembre de 2022 a 16 años de prisión al expresidente Otto Pérez, un general retirado que gobernó Guatemala de 2012 a 2015, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015. Sin embargo, salió en libertad en enero de 2024 y desde entonces enfrenta diversos procesos, pero lejos de la cárcel.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento. En junio de 2024 fue condenado a 45 años de presidio.

Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, fue encarcelado el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentar el juicio por el caso conocido como "pinchazos", en el que posteriormente fue absuelto. Había sido puesto en prisión domiciliaria en 2019. También enfrenta ahora un juicio por presuntos cobros de sobornos de la brasileña Odebrecht.

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) enfrentó varios procesos. En 2008 se celebró el primer juicio en su contra, acusado de tráfico de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Estuvo seis meses en prisión preventiva domiciliaria en 2001, y fue liberado después de que la Corte Suprema anulara los cargos. Desde 2005 tuvo fuero como senador, cargo que ocupó hasta su muerte, en 2021.

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) enfrentó tres condenas por corrupción y lavado de dinero en los años 2022, 2023 y la última de ellas en 2024, que lo senteció en ausencia a ocho años de prisión. El expresidente salvadoreño vivió en Nicaragua desde 2016 hasta su muerte, ocurrida en enero de 2025.

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) enfrentó un proceso judicial en su contra por los delitos de colusión y lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht. Toledo fue extraditado por Estados Unidos a Perú, donde fue condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de cárcel. Actualmente enfrenta un segundo juicio por el caso Ecoteva, donde arriesga otros 16 años de prisión.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también fue presidente de Perú, pero renunció a su cargo. Actualmente enfrenta una serie de investigaciones fiscales y una acusación penal por delitos de corrupción y lavado de dinero relacionada con la constructura brasileña Odebrecht. La Fiscalía pidió en septiembre de 2025 35 años de prisión para él. Además, tiene prohibido salir de su país.