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EE.UU.: disputa por ley de asilo y un Congreso dividido

Michael Knigge
21 de noviembre de 2018

Cuando Trump emitió su último decreto para restringir la inmigración, esta vez para los posibles solicitantes de asilo de la llamada caravana de migrantes, la respuesta política en Washington siguió un patrón conocido.

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Imagen: Getty Images/C. Somodevilla

Grupos de derechos civiles impugnaron el reciente veto de asilo dictado por el presidente de Estados Unidos. Un veto que pronto fue suspendido por un juez, aunque temporalmente. La Casa Blanca probablemente apelará el fallo, que ahora recorrerá todas las instancias en meses o semanas.

La medida es solo el último intento de la administración de Trump para reducir y desalentar la inmigración. Ya antes buscó imponer el llamdo "veto migratorio"; cancelar el programa de Acción Diferida para Niños Inmigrantes (DACA), que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos; recortar fondos federales a las llamadas ciudades santuario; quitar la protección temporal de deportación (TPS) a cientos de miles de inmigrantes de varios países y separar a niños inmigrantes de sus familias.

Disputa jurídica a través de todas las instancias

Al igual que la orden ejecutiva más reciente, todos los esfuerzos anteriores para frenar la inmigración fueron cuestionados en los tribunales. Mientras que algunos finalmente se mantuvieron, incluyendo una versión un tanto diluida del veto migratorio, las órdenes de poner fin a DACA y TPS o la política de separación familiar, fueron bloqueadas por las cortes.

Es difícil predecir cómo tratarán los jueces el último esfuerzo contra la inmigración. Alex Nowrasteh, analista de política de inmigración del Instituto Cato, que se opone a la restricción de asilo de Trump, cree que los tribunales finalmente le darán luz verde porque se basa en el veto migratorio, que al final fue confirmado por una corte. Sin embargo, Theresa Cardinal Brown, directora de inmigración y política transfronteriza del Centro de Políticas Bipartidistas, no está tan segura y añade que "este es un caso diferente con una aplicación diferente, por lo que será más difícil que Trump tenga éxito".

Kathryn Shepard, abogada consejera de la iniciativa Justicia para la Inmigración, dice, por su parte, que la orden ejecutiva de Trump del 9 de noviembre fue un claro intento de "reescribir ilegalmente las leyes de inmigración", a pesar de que la ley no puede ser más clara: "Quienes entren a territorio estadounidense tienen el derecho a solicitar asilo, independientemente de cómo ingresaron, y están amparados por la ley nacional e internacional".

No importa cómo se resuelva finalmente esta lucha legal sobre el edicto contra el asilo de Trump, este último episodio sirve como un recordatorio oportuno de que el Congreso está profundamente dividido, y de que la inmigración es vista, a menudo, como la tercera línea de la política estadounidense.

Lucha por el poder a expensas de los migrantes

A pesar de los graves problemas en Centroamérica, los legisladores muestran poco interés en abordar el tema de la inmigración en Washington, porque siempre ha sido considerado como un problema en el que solo se puede perder. "Creo que muchos miembros del Congreso preferirían no votar más sobre inmigración", presume Cardinal Brown, y advierte que "en algún momento tendrán que hacerlo, cuando teman perder las próximas elecciones por no haber abordado un tema clave para muchos estadounidenses".

A menos que se alcance un compromiso improbable en el Congreso, es posible que Trump continúe intentando imponer su política de inmigración de manera unilateral. Una estrategia que convierte a los tribunales en el árbitro de facto de la ley de inmigración. Una disputa que alimenta la división dentro del electorado estadounidense.

(jov/er)