Alerta roja para las pensiones en España

Una de cal y otra de arena para los jubilados en España. Por una parte, los 8,5 millones de pensionistas estaban hoy de enhorabuena, ya que la Seguridad Social les abonó la paga única con la que se compensa la diferencia entre la inflación real y la calculada al inicio del ejercicio pasado.

Como el índice de precios al consumo (IPC) cerró 2010 con una subida del 2,3 por ciento, frente al 1,0 por ciento que había previsto el gobierno, el Estado tuvo que desembolsar hoy 1.112,5 millones de euros (casi 1.500 millones de dólares).

Debido al elevado déficit fiscal de España, el gobierno decidió el año pasado que en 2011 las pensiones quedarán congeladas.

Aunque eso suponga un duro golpe para muchos jubilados, teniendo en cuenta que la pensión media contributiva está en 785,83 euros (unos 1.060 dólares), lo que está causando honda preocupación en España son los últimos datos de la Seguridad Social, que demuestran que el sistema está abocado al colapso.

Por primera vez desde el final de la dictadura franquista en 1975, las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por sus empleados no fueron suficientes en 2010 para cubrir los gastos del sistema público en las pensiones contributivas.

El saldo negativo por este concepto, propiciado por el gasto en las ayudas que perciben los cerca de 4,6 millones de desempleados –un número récord en la historia del país-, fue en 2010 de unos 900 millones de euros (1.210 millones de dólares).

“Una auténtica emergencia”

La secretaria general del opositor Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, consideró hoy a este respecto que España está en un momento de "auténtica emergencia" y urgió a reformar el sistema de pensiones, algo que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero lleva intentado desde hace meses, pero sin lograr el consenso de sindicatos ni del PP.

Pese a todo, las arcas de la Seguridad Social registraron en 2010 un superávit global de casi 2.400 millones de euros (3.230 millones de dólares).

Esta cifra, sin embargo, esconde una enorme paradoja: la crisis, causante del elevadísimo desempleo, contribuyó al mismo tiempo a lograr ese saldo positivo.

Esto se debe a que el 88 por ciento del dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada "hucha de las pensiones"), que asciende a 64.375 millones de euros, está invertido en bonos de deuda española, los mismos que, debido a la crisis en España, alcanzan intereses récord en los mercados internacionales.

Gracias a ello, la Seguridad Social contabilizó en el ejercicio pasado un superávit de 2.661 millones de euros que permitió superar el desfase entre ingresos y gastos.

Ese saldo positivo, no obstante, fue un 72 por ciento menor que el de 2009. Y aquel ya había sido un 41 por ciento más reducido que el de 2008, cuando el superávit fue de nada menos 12.000 millones de euros.

Nueve jubilados por cada diez trabajadores

La debilidad del sistema es, por lo tanto, patente, toda vez que el Fondo de Reserva, por muy abultado que su monto parezca, sólo cubre el 60 por ciento del pago de las pensiones de un año.

Además, la actual evolución demográfica presagia que la combinación de una mayor esperanza de vida de la población y una baja natalidad harán que en el año 2050 haya nueve jubilados por cada diez trabajadores en activo, con lo cual el sistema ya no sería financiable.

En este escenario, el gobierno de Rodríguez Zapatero insiste en la necesidad de prolongar de forma escalonada la edad de jubilación de los actualmente 65 a los 67 años a partir de 2013. A esto se oponen frontalmente los sindicatos y los partidos ubicados más a la izquierda del Ejecutivo, alegando que debido al elevado desempleo es, a estas alturas, una medida innecesaria.

Tampoco el PP, la principal fuerza de oposición, apoya la iniciativa, que no considera "prioritaria en este momento", aunque sí cree necesario reformar el actual modelo de pensiones. Pero, al menos hasta ahora, los conservadores abogan por acercar la edad efectiva de jubilación -63,7 años- a la edad legal -65 años-, al tiempo que defienden el derecho de cada cual a elegir un plan privado de pensiones.

El gobierno, en todo caso, parece decidido a aprobar la prolongación de la edad de jubilación el 28 de enero, aunque ello pueda suponer que los sindicatos convoquen una segunda huelga general en España.

dpa
Editor: Pablo Kummetz