1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

El Mundo

Egipto y la nueva "ley mordaza"

El presidente egipcio ratificó una nueva ley antiterrorismo con severas multas por “falsos” reportes sobre ataques y operativos de seguridad. Un intento de silenciar el periodismo independiente, opina Naomi Conrad.

Abdel Fattah Al Sissi, presidente de Egipto.

Abdel Fattah Al Sissi, presidente de Egipto.

Hace unas tres semanas, en medio del calor abrasador del verano de El Cairo, Mohamed Lofty, director de la organización sin fines de lucro Comisión Egipcia para los Derechos y la Libertad, afirmó en su despacho que Egipto estaba dispuesto a “matar toda palabra independiente”. Este domingo, las palabras de Lofty se hicieron realidad: el presidente Abdefatah al Sisi (foto principal), exjefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, ratificó una controvertida ley antiterrorismo concebida para acabar con todo tipo de periodismo independiente que estipula severas multas por reportar información “falsa” acerca de ataques terroristas y operaciones de seguridad que contradiga las declaraciones oficiales.

La introducción de dicha ley se aceleró como consecuencia de los graves enfrentamientos entre las fuerzas militares y los militantes en la Península de Sinaí, así como por el asesinato del fiscal Hisham Barakat en un atentado con un coche bomba, en junio pasado.Los medios egipcios enfurecieron al aparato militar luego de que informaron, citando a oficiales de seguridad y a testigos anónimos, que decenas de tropas habían sido asesinadas en el ataque al Sinaí, mientras que las cifras oficiales informaban solo sobre 21 soldados muertos.

El proyecto de ley original proponía sentencias de prisión para este tipo de “ofensas”, pero el gobierno dio marcha atrás luego de la reacción de los medios, una victoria menor en un país donde muchos de ellos, con honrosas excepciones, apoyan la línea oficialista y se convierten en voceros de un régimen represivo. Ahora, la multa mínima por reportes “falsos” es de 200.000 libras egipcias (cerca de 23.000 euros), y la máxima, de 500.000 libras. Eso hace que el periodismo independiente se transforme en una farsa en Egipto, al menos si se trata de informar sobre los operativos de seguridad en la Península de Sinaí, que vive el resurgir de un islamismo que estuvo cocinándose durante años y ahora parece estallar.

Mientras las FF. AA. combaten a los militantes –muchos de los cuales pertenecen a la organización Provincia del Sinaí, un brazo declarado de Estado Islámico (EI)- y cada vez más residentes se ven forzados a huir, parecería que los periodistas solo deben confiar en las cifras oficiales sobre muertos y ataques en lugar de confiar en la palabra de los habitantes, que arriesgan sus vidas para proveer información de primera mano a periodistas como yo. Como mi fuente en Sinaí, quien me contó sobre puestos de control donde ondeaba la bandera del EI, a pocos kilómetros de los puestos militares cercanos a Sheik Zuaid y a Rafah, y acerca de ciudades fantasma, de las había desertado el total de la población, controladas por milicias terroristas. Esas fuentes proveen información invaluable para nosotros, los periodistas que no podemos viajar al Sinaí, ya que cuentan los cuerpos de los militantes muertos en un combate y reportan esas cifras.

Ahora, la ley determina que debo descartar las reglas básicas del periodismo –como buscar fuentes neutrales y verificar lo más exhaustivamente posible las cifras del gobierno-, o mejor dicho, debo guardar para mí todo tipo de información que cuestione el discurso oficial. Ese es el motivo por el cual periodistas como Mohamed Mekawy, de 27 años, editor de un medio online, calificó la ley de “demente”.

Y, para colmo de males, la ley llega con otro montón de medidas, que incluyen penas severas por actos de terrorismo, el cual es definido de modo bastante amplio. Incluso “promover ideas que llamen a la violencia”, puede acarrear ahora sentencias de varios años de cárcel, y cortes especializadas en casos de terrorismo con atribuciones como para realizar juicios rápidos. El abogado especialista en derechos humanos Gamal Eid lo llama “una violación clarísima de la independencia del sistema judicial”. La ley también protege a las fuerzas de seguridad de ser sometidas a juicio por el uso de la fuerza “mientras enfrentaban un peligro real e inminente” en la implementación de dicha ley. “Tengo miedo”, dijo Eid a DW. “Miedo por esa gente valiente que está lista para pelear por sus derechos y por la verdadera democracia”. Y él no es el único que debería tener miedo.