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Delcygate: hispano-venezolanos cuestionan a Bruselas

10 de noviembre de 2020

Minutos u horas: el paso de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, por el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 ha vuelto a ser tema en Bruselas. Ahora, hispano-venezolanos piden explicaciones.

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Venezuela Außenministerin Delcy Rodriguez
Imagen: picture-alliance/Photoshot/B. Vergara

Tres cartas saldrán de la comisión de peticiones de la Eurocámara pidiendo explicaciones por la corta estancia de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020: una a la Comisión Europea por ser guardiana de los tratados, otra al Consejo, para que a través de su comité de Relaciones Exteriores recabe toda la información, y otra al gobierno español pidiendo detalles.

Antes de la audiencia, gestionada remotamente desde Bruselas (10.11.2020), tres peticiones habían llegado a la sala de Eurocámara: solicitan que el ejecutivo comunitario exija al gobierno español explicaciones. A la Comisión de Peticiones puede acudir todo ciudadano de los países miembros de la UE cuando siente que se han vulnerado sus derechos comunitarios.

"Su presencia en el espacio Schengen podría estar contraviniendo la directiva comunitaria de recibir a personas con prontuario de ser cómplice en violaciones a derechos humanos”, explica a DW Roberto Mansilla, que representa a la organización Foro Ciudadano España Constitucional, con sede en la gallega Vigo.

Venezuela Airport Maiquetia
Aeropuerto Simón Bolívar en VenezuelaImagen: Imago/TASS/V. Sharifulin

"Lo que estamos exigiendo a través de esta petición es que se vele por el cumplimiento de la decisión de la UE 2017/2063 respectiva a medidas restrictivas habida cuenta la situación en Venezuela”, agrega Mansilla, venezolano radicado en España desde el 2003 y con nacionalidad española.

Antecedentes de la queja ciudadana

El caso había causado revuelo, a nivel nacional, y en febrero llegó al Parlamento Europeo. Se exigía al Alto Representante de la Política Exterior Europea que pidiera explicaciones al gobierno español. De fondo: en noviembre de 2017, los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios habían decidido sanciones contra 25 miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Congelamiento de activos e impedimento para entrar al espacio Schengen.

Entretanto, los sancionados son 36 y se prevé que las sanciones se prolonguen por un año más. Las condiciones de vulneración de derechos humanos están lejos de haber mejorado. 

Explicaciones de Bruselas y Madrid

Si bien las sanciones se acuerdan por unanimidad en el Consejo Europeo, la ejecución de ellas entra en el ámbito nacional. En ese sentido, la Comisión Europea, guardiana de los tratados de la Unión, no tendría potestad para hacer investigaciones. Esa es la línea de la respuesta oficial que se ha dado repetidas veces. En la audiencia de la comisión parlamentaria se subraya, no obstante, que la aplicación de las sanciones se toma en serio.

Por otro lado, cuestionable es si el encuentro del ministro de Transportes en el ámbito de las instalaciones de tránsito del aeropuerto significa una entrada al espacio comunitario europeo. A nivel nacional, la Fiscalía de España pide dar por cerrado el caso por carecer de fundamento.

Traslado de problemas nacionales al ámbito europeo

"Si la UE no tiene mandato para dictaminar una violación de su jurisdicción de su propia normativa, no sabemos cuál es la normativa que se está siguiendo. Es un asunto que no es transparente”, sigue Mansilla. Efectivamente, en conversaciones con otras organizaciones de la sociedad civil consultadas por DW se detecta que, sobre todo para la comprensión ciudadana, existe un espacio gris en la legislación comunitaria.

Venezuela ha estado muy presente en las instituciones de Bruselas. Llaman la atención las numerosas resoluciones al respecto en ausencia de pronunciamientos sobre otras graves situaciones en América Latina. Así, a la petición ciudadana, en la comisión parlamentaria se unieron voces políticas nacionales contrarias al gobierno de Madrid. Desde el grupo afín al gobierno español se insiste en que el encuentro entre el ministro y la sancionada política venezolana tuvo la intención de evitar conflictos diplomáticos.

EU-Mitglied: Leopoldo López Gil
Leopoldo López Gil, eurodiputado del bloque conservador, hispano-venezolanoImagen: EU/P. Stirnweiss

Como fuere, según Tatiana Zdanoka, vicepresidenta de la comisión de Peticiones, se detecta un traslado a ámbitos comunitarios de asuntos que no son de su competencia. "No abusen de nuestro mandato para resolver problemas nacionales”, pedía la eurodiputada letona.

Al respecto, esta fue la explicación de una de las organizaciones consultadas: son muchos los venezolanos en Europa, muchos han sido los hijos de españoles nacidos en Venezuela, como muchos son los venezolanos que han migrado a España.

"Los ciudadanos piden soluciones europeas para problemas europeos”, dijo Leopoldo López Gil, en la audiencia de la comisión de Peticiones. El eurodiputado, del bloque conservador, también es venezolano, con nacionalización española.