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Revés a normativa para retención de datos privados

12 de diciembre de 2013

Los datos almacenados según lo marcan las leyes europeas se encuentran en manos de empresas, lo cual vulnera la esfera privada de las personas, afirma un peritaje jurídico que podría conducir a un cambio en las leyes.

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Imagen: picture-alliance/dpa

La normativa europea que exige a las compañías de telecomunicaciones conservar datos privados con fines de seguridad viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, afirma un análisis elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), encabezado por el abogado Pedro Cruz Villalón.

La denominada Directiva de Retención de Datos fue adoptada en 2006, como parte de las medidas antiterroristas elaboradas tras los ataques terroristas en Londres y Madrid. Establece que las compañías de telecomunicaciones deben conservar durante dos años los datos de conexiones telefónicas y de Internet de los usuarios con fines de seguridad.

Cruz Villalón considera que la directiva viola el derecho fundamental a la protección de datos y el respeto a la vida privada, y además considera desproporcionado el periodo de hasta dos años.

Detrimento de la esfera privada

"El uso de dichos datos posibilita la creación de un fiel y exhaustivo mapa de una gran parte de la conducta de una persona que pertenece exclusivamente a su vida privada", señaló Cruz Villalón.

Además, existe un creciente riesgo de que los datos puedan ser utilizados para fines ilegales o propósitos fraudulentos o maliciosos, sobre todo teniendo en cuenta que están manos de compañías privadas, no de autoridades públicas, agregó.

Cruz Villalón sugiere establecer un periodo para modificar la directiva, en lugar de adoptar directamente medidas en su contra.

El TJUE cuenta con ocho abogados generales que proporcionan asesoramiento legal a la corte antes de que los jueces deliberen y tomen decisiones. Aunque las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, los jueces suelen seguir su consejo.

En este caso, la decisión se tomará dentro de unos meses y responde a objeciones legales interpuestas en Irlanda y Austria, que fueron elevadas al TJUE.

EL(dpa, afp)