Portugal promete a Bruselas menos gasto público en 2017 | Europa | DW | 18.07.2016
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Europa

Portugal promete a Bruselas menos gasto público en 2017

El Gobierno portugués se comprometió con Bruselas a realizar un ajuste del déficit estructural en 2017 del 0,6 % del PIB, dos décimas por encima de la previsión que había asumido en el mes de abril. Así se recoge en su reporte enviado a la Comisión Europea con motivo del proceso de sanciones por el incumplimiento del déficit en 2015, que incluyen una carta del ministro luso de Finanzas, Mário Centeno, y un anexo que profundiza en los compromisos asumidos y en los escenarios macroeconómicos.

"El proceso para el Presupuesto de 2017 ya fue iniciado. Está diseñado para alcanzar la meta presupuestaria compatible con las recomendaciones para Portugal, con un ajuste estructural del 0,6 % del PIB. Seguirá las líneas generales del programa de estabilidad, un esfuerzo conjunto de gastos e ingresos", recoge el documento. El Ejecutivo está realizando además una revisión de algunas partidas de gasto que se traducirán en medidas concretas en los Presupuestos del Estado de 2017, principalmente en las áreas de sanidad, educación, adquisiciones estatales, el sector inmobiliario y el análisis presupuestario de las empresas públicas.

"Nos comprometemos estrictamente a no descongelar estas reservas adicionales, como se subraya en el Programa de Estabilidad, siempre que sean necesarias para alcanzar los objetivos", garantizó Centeno. En el anexo, Centeno especifica que estas reservas ascienden a 346,2 millones de euros, alrededor del 0,2 % del PIB portugués, justo el porcentaje en el que Portugal excedió la meta de déficit de 2015 (sin tener en cuenta el impacto extraordinario de la liquidación del Banif). Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) aprobaron la semana pasada la recomendación de la CE que dictaminaba que España y Portugal deben ser sancionados por no cumplir con sus compromisos para reducir el déficit público, lo que inició el proceso para que sean multados. Bruselas debe ahora decidir el montante de la multa, que puede llegar al 0,2 % del PIB pero también puede ser reducida a cero, y ambos países tienen derecho a responder a la decisión. efe