Perú: Cultura niega corrupción en entradas a Machu Picchu

El Ministerio de Cultura de Perú defendió la transparencia del contrato que suscribió a fines del año pasado para que una empresa privada se encargue de la venta virtual de entradas a Machu Picchu y otros monumentos del país, luego de que la Contraloría General advirtiese que ese acuerdo fue irregular, por incumplir la ley de presupuesto público.

"El contrato firmado con la empresa proveedora, Joinnus, ha sido un proceso transparente y sin ningún acto de corrupción", señaló Cultura en un comunicado de respuesta a un informe de la Contraloría.

Aseguró que ese informé contiene "observaciones de carácter administrativo" y que las "recomendaciones" que en él se hacen "se han aceptado de manera inmediata".

Además de indicar que se tomó la decisión de no pagar las comisiones que iba a cobrar la empresa, sostuvo que tres personas señaladas en el informe ya no trabajan en la institución, pero se mantienen "los procesos administrativos correspondientes".

Acciones que afectaron la legalidad

La Contraloría mencionó que la contratación del Ministerio de Cultura se realizó "sin ejecutar un procedimiento de selección establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, así como la suscripción de la adenda para incluir dos espacios culturales sin el debido sustento".

Por ese motivo, consideró que esas decisiones "afectaron la legalidad con la que deben regirse las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de postores".

"(Se) recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto", agregó.

Solicitó, además, a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que se realicen "las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores públicos del Ministerio de Cultura, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico".

En enero de 2024, pobladores y operadores turísticos del distrito de Machu Picchu protestaron y realizaron una huelga por la adjudicación por parte del ministerio a la empresa Joinnus como ente gestor de la venta de entradas al monumento.

Tras una serie de negociaciones, el Ministerio de Cultura anunció días más tarde la cancelación de ese contrato e informó que se iba a implementar una plataforma estatal encargada de las ventas para ese servicio turístico, para no permitir el mercado negro de entradas que existía anteriormente.

Al respecto, el ministerio ratificó en su comunicado que "está en pleno desarrollo un portal promovido por el Estado" y que "se ha dejado atrás para siempre una plataforma con múltiples cuestionamientos y vulnerabilidades que manejaba la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cuzco".

ee (efe, Ministerio de Cultura)