El día previo a la realización de la cumbre organizada por Petro en Colombia para discutir el regreso del oficialismo a la mesa de diálogo en México, el régimen de Nicolás Maduro agregó un nuevo obstáculo a las negociaciones con la oposición democrática. Además de que se levanten todas las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, se desbloquen 3.200 millones de dólares depositados en el exterior, y se libere al colombiano Alex Saab -quien está siendo procesado en EE. UU. acusado de lavado de dinero- el régimen chavista exige ahora la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 hasta el presente.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2021, y jefe de la delegación chavista para el diálogo con la oposición, calificó como lawfare (guerra judicial) el proceso que la Corte Penal Internacional adelanta sobre Venezuela y demandó su suspensión bajo el sorprendente argumento de que "afectan directamente a nuestros líderes más importantes”. Esta nueva demanda fue ratificada a los pocos días por la segunda figura del chavismo, Diosdado Cabello, quien atacó al fiscal Karim Khan, de la CPI, acusándolo de perseguir a Venezuela por orden de los Estados Unidos. La única preocupación del fiscal Kahn, dijo Cabello, "es perseguir a Venezuela. No tiene honor. Por honor él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela, porque él tiene una predisposición contra Venezuela clara”.
La inadmisible pretensión del régimen de Maduro ha sido rechazada públicamente, tanto por las víctimas como por organizaciones defensoras de derechos humanos y la dirigencia opositora. La oenegé Provea señaló al respecto: "Una investigación por crímenes de lesa humanidad no es negociable. En Venezuela, la Justicia solo obedece al Gobierno, pero la Corte Penal Internacional es independiente”. En el mismo sentido, Ali Daniels, codirector de la oenegé Acceso a la Justicia, declaró: "La suspensión de la investigación no es un tema político sino jurídico, y, por tanto, no está al alcance de gobierno alguno”. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática calificó como "insólita” la exigencia del régimen de Nicolás Maduro a la comunidad internacional, al pretender que "se les garantice impunidad a cambio de la posibilidad de tener elecciones libres”.
Preocupación del régimen de Maduro frente al avance de la investigación de la CPI
Este nuevo obstáculo que los representantes del régimen venezolano intentan colocarle al proceso de diálogo con la oposición democrática no solo evidencia el poco interés que tienen quienes detentan actualmente el poder en Venezuela para asumir realmente un proceso que conduzca a elecciones libres en el país, sino que deja también en claro la preocupación de Nicolás Maduro y de otros altos jerarcas del régimen por los avances que el caso de Venezuela está teniendo dentro de la CPI.
Desde el año 2018, la Corte Penal Internacional tiene conocimiento del caso venezolano. El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que el examen preliminar había concluido con la decisión de proceder con las investigaciones. Esta decisión indica que la CPI encontró fundamentos razonables para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad a partir de 2017 que no han sido juzgados. En consecuencia, la Fiscalía de la CPI pasó a la fase de investigación formal. Esta era la primera vez que la Fiscalía de la CPI, desde la creación de la Corte Penal Internacional en 2002, abre una investigación formal en el territorio de un Estado del continente americano.
Resulta importante recordar que los crímenes de lesa humanidad son delitos imprescriptibles, conllevan una responsabilidad penal individual, los presuntos responsables no pueden aducir el cumpliendo de órdenes y las autoridades estatales no tienen ningún tipo de prerrogativa ante la Corte.
Gobierno venezolano no tiene genuina voluntad de castigar los crímenes de lesa humanidad
El 1 de noviembre de 2022, el fiscal rechazó la solicitud de inhibición del Estado venezolano y procedió a presentar ante la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de autorización para continuar con su investigación. A juicio del fiscal, el gobierno venezolano no había podido demostrar adecuadamente una disposición genuina a investigar y castigar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir del 2017.
De acuerdo con el informe del fiscal Khan, a la falta de una genuina voluntad para investigar se añadían los prolongados retrasos en las investigaciones y las dudas sobre la independencia e imparcialidad de la Justicia venezolana: "La información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procedimientos internos se centran en los perpetradores directos (y aparentemente miembros de bajo nivel de las fuerzas de seguridad del Estado), y, en su mayoría, sobre delitos calificados como de 'menor' gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto”.
A raíz de la solicitud del fiscal, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares ordenaron a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la Secretaría de la CPI recabar las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de reanudación de la investigación. Esta es la tercera vez que la Corte ordena este tipo de procedimiento donde las víctimas tienen la posibilidad de participar directamente en el proceso. Anteriormente, la CPI lo había ordenado para las investigaciones en Filipinas y Afganistán.
8.900 víctimas respaldaron con su testimonio la investigación de la Fiscalía de la CPI
El pasado 20 de abril se le presentó a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI un informe consolidado que recoge la opinión e inquietudes de un "número sin precedentes” de 8.900 víctimas individuales, aproximadamente 630 familias y dos organizaciones.
El informe de la VPRS señaló que las victimas manifestaron un compromiso "abrumador, masivo, extraordinario” con la Corte Penal Internacional. Igualmente, destacó el informe que "a modo de observación general basada en el material recibido, las víctimas apoyan mayoritariamente la solicitud de la Fiscalía de continuar la investigación”. Sostienen las victimas "que el Gobierno de Venezuela no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, con total impunidad, por autoridades estatales, fuerzas de seguridad y los colectivos armados (grupos supuestamente apoyados y protegidos por las autoridades estatales)”.
De manera recurrente, el informe recoge el miedo y la preocupación de las víctimas por su seguridad y las de sus familiares, expresando de manera reiterativa la solicitud del resguardo de sus identidades. De allí que, por razones de seguridad, los nombres de las víctimas solo son conocidos por los jueces de la CPI. Ni siquiera el fiscal, y mucho menos el Estado venezolano tienen acceso a esta información.
En sus declaraciones, las víctimas solicitaron extender hasta 2014 el lapso de investigación y ampliar el número de crímenes investigados. De acuerdo con las narraciones de los afectados, además de los delitos mencionados específicamente en la solicitud del Fiscal (encarcelamiento, privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución por motivos políticos), también se produjeron durante este periodo un gran número de casos de asesinato y de desplazamiento forzado.
La falta de independencia judicial e imparcialidad de la Justicia venezolana es denunciada de manera profusa en los reportes de las víctimas. En total concordancia con lo señalado por el fiscal en su informe, los afectados en múltiples declaraciones apuntan a que "la CPI debe llevar ante la Justicia a los perpetradores, ya que en Venezuela se está blindando la responsabilidad penal de los máximos responsables de la comisión de delitos”. De allí que el argumento esgrimido por Jorge Rodríguez para que se suspenda la investigación de la CPI porque "afecta a los principales líderes del chavismo”, lejos de ameritar la suspensión, más bien viene a ratificar la necesidad de que sea una instancia internacional la encargada de investigar con justicia e imparcialidad los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El régimen de Maduro solicita a la CPI responder el informe de las víctimas
El 25 de abril, Yván Gil, canciller de Maduro, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que se le permita ejercer su derecho a réplica y responder en detalle el Informe de las víctimas elaborado por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
De acuerdo con Ali Daniels, "esta solicitud por parte de Venezuela no tiene sentido, dado que el informe es confidencial, tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan, en atención a la protección de las víctimas”. Para Daniels, esta solicitud de réplica del gobierno venezolano es simplemente parte de la estrategia dilatoria del régimen venezolano ante la CPI.
Queda ahora esperar la decisión de los jueces respecto de la solicitud del régimen venezolano y, posteriormente, respecto de la solicitud de autorización del fiscal Khan para proseguir la investigación en el caso de Venezuela.
La contundencia del informe del fiscal, los impactantes testimonios de las víctimas, así como los múltiples informes elaborados, tanto por la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela (ONU) como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permiten suponer que los jueces de la CPI darán luz verde para que continúen las investigaciones del fiscal Khan en Venezuela. No extraña, por tanto, la preocupación de Jorge Rodríguez por el futuro de los "líderes más importantes" del actual régimen venezolano.
(cp)