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En cabeza de la lista de cierres figuran muchas organizaciones de protección al menor. Muchas de ellas se fusionaron y otras se declararon poco útiles. Una es el Centro Nacional del Oro y la Orfebrería. Sus empleados fueron despedidos y dejaron de cobrar el salario. Ahora el Estado puede notificar los puestos de trabajo eliminados por la reforma. Pero los antiguos empleados acuden a los tribunales: no está claro que las administraciones estén cerradas definitivamente.