Gran preocupación por el Estado de derecho en la UE
21 de julio de 2021
1. Primacía del derecho europeo
La UE lleva años enfrentada a Varsovia por las reformas judiciales del partido nacionalista de derecha Ley y Justicia (PiS). Entre otras cosas, el conflicto se refiere a la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, creada en 2018. Bruselas duda de la independencia política de este organismo y la semana pasada recibió la confirmación del Tribunal de Justicia de la UE al respecto. Anteriormente, los jueces luxemburgueses de la UE ya habían concedido las medidas cautelares solicitadas por Bruselas, según las cuales la Sala Disciplinaria debía cesar su trabajo antes de la sentencia. Se espera una sentencia decisiva de Varsovia a principios de agosto.
"La primacía del derecho de la UE es nuestra base común, si se ataca, tenemos un problema", dijo al respecto el Comisario de Justicia, Didier Reynders. La cuestión de las posibles consecuencias ya no puede ser respondida por la Comisión, sino que debe serlo por el Consejo de Gobiernos. Este caso es probablemente el más amenazante para la cohesión del tratado de la UE en este momento. Una cosa está clara: si Polonia se decide abiertamente en contra de la primacía del derecho de la UE, la adhesión y los derechos correspondientes quedarán en entredicho.
2. Independencia del poder judicial
En materia de justicia, la Comisión ha criticado a varios Estados miembros: por ejemplo a Alemania, por el proceso de selección de jueces supremos, a Italia, por la lentitud de la administración de justicia, y a muchos países por la lentitud de la digitalización. Se elogian, por ejemplo, los primeros pasos de una reforma fundamental en Malta, donde el poder judicial estaba completamente politizado. En Bulgaria, por el contrario, las reformas avanzan con demasiada lentitud.
Sin embargo, las críticas más duras van dirigidas a Polonia y Hungría. El sistema húngaro permite ahora el nombramiento de los principales jueces al margen del procedimiento habitual, lo que refuerza las dudas sobre su independencia, según el informe. Las anteriores recomendaciones de la Comisión para reforzar la independencia judicial fueron ignoradas en Budapest.
La evolución del sistema judicial polaco se observa con "gran preocupación". Desde 2015, el poder del ejecutivo y el legislativo frente al poder judicial ha crecido. A pesar de que la UE y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dudan de la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura, éste sigue funcionando.
3. Libertad de prensa
El mercado de los medios de comunicación en Polonia se ha considerado diverso, pero los últimos acontecimientos se consideran amenazantes, como la compra de Polska Press por el grupo estatal Orlen. Un nuevo proyecto de ley se dirige principalmente a los medios de comunicación de propiedad extranjera y amenaza su futuro trabajo. Desde 2020, las condiciones de trabajo de los periodistas se han deteriorado considerablemente, según el informe. Hay intimidación a través de procedimientos judiciales, ataques policiales y falta de protección del trabajo de los periodistas.
La libertad de prensa también sigue amenazada en Hungría, según informa la Comisión Europea. Se utilizó la publicidad estatal para "ejercer una influencia política indirecta a través de los medios de comunicación". Además, la pandemia de coronavirus se utilizó para restringir la información a través de los medios de comunicación independientes. Adicionalmente, los medios de comunicación y los periodistas independientes siguen sufriendo obstrucción e intimidación. También hay críticas individuales a otros países de la UE.
4. Corrupción
La corrupción sigue siendo un problema importante en muchos países miembros. Se elogia a Eslovaquia, por ejemplo, que ha llevado a los tribunales importantes casos de corrupción y ha reforzado su legislación. Sin embargo, hay que hacer más para prevenir la corrupción con fondos públicos y de la UE.
Rumania ha promulgado ahora una amplia legislación contra la corrupción endémica, pero su aplicación requerirá una voluntad política continua. Bulgaria, Malta y Chipre se mencionan de forma negativa. Polonia, por su parte, cuenta con legislación en la materia, pero la Comisión Europea tiene dudas sobre la independencia de las instituciones.
¿Qué se desprende del informe?
El Informe sobre el Estado de derecho se describe como base de un "debate en la UE". No hay sanciones directas derivadas de la mala conducta identificada. Sin embargo, la demanda de consecuencias por el comportamiento de algunos Estados miembros es cada vez más fuerte, especialmente en el Parlamento Europeo. Ahora se amenaza a la Comisión con acciones legales si no corta los fondos a los países en cuestión.
(gg/er)