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Escándalo en las altas esferas

JAG25 de septiembre de 2003

El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, comparece ante el Parlamento Europeo para explicar las irregularidades del Eurostat.

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Prodi en el banquillo ante el parlamento.Imagen: AP

El escándalo salió a la luz pública cuando la prensa informó el pasado mayo de la existencia de una presunta caja negra en el servicio de venta de datos de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea. Dos informes elaborados por el Servicio de Auditorías de la Comisión y por un grupo especial creado en julio para aclarar las irregularidades, destapan la trama tejida por algunos funcionarios europeos y sus empresas colaboradoras. Además existe otro informe elaborado por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que será terminado en octubre.

Las irregularidades ya eran conocidas y comenzaron en los años 90. Con la llegada de Prodi al ejecutivo europeo, se esperaba más transparencia en las instituciones y el cese de la corrupción. Sin embargo, los informes muestran que los propósitos de Prodi de "tolerancia cero contra el fraude" han resultado infructuosos.

El testimonio de Prodi ante los eurodiputados se realizó en una sesión a puerta cerrada y provocó la indignación de algunos eurodiputados y de los miembros de la comisión parlamentaria de control presupuestario, COCOBU, que no pudieron ver los informes hasta el día anterior a la comparecencia.

Políticos en el banquillo

El francés Yves Franchet, ex director de la entidad y recientemente destituido, fue el primero en abandonar su cargo. Franchet estuvo al frente de la entidad durante 17 años y sería imposible que no tuviese conocimiento de las irregularidades. Además era uno de los fundadores de la red de empresas que se benefició de las ayudas y subvenciones multimillonarias concedidas por la oficina.

Sin embargo, el informe no acusa al máximo responsable del Eurostat, el comisario de Economía y Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, que alegó su falta de conocimiento de las prácticas ilegales. Los miembros de la comisión responsables de la gestión financiera y la organización, Michaele Schreyer y Neil Kinnock, también están en la lista de sospechosos. Prodi anunció que no exigirá la dimisión de ningún comisario, puesto que todavía no procede pedir responsabilidades políticas.

Reacciones al veredicto

Las aclaraciones de Prodi provocaron reacciones diversas entre los grupos parlamentarios europeos. Los grupos mayoritarios, popular y socialista, defienden a los implicados alegando que hay que esperar a que todo se aclare antes de pedir dimisiones. También los Verdes se han sumado a esta tendencia para evitar tomar decisiones y juicios precipitados. La izquierda comunitaria representa la postura contraria y pide la dimisión de Solbes.

Incluso en el más alto nivel de las instituciones europeas y pese a los controles y las buenas intenciones de Prodi, la corrupción sigue estando a la orden del día pero las sentencias finales y las penas todavía se hacen esperar.