El Salvador: exministro acusado de favorecer a criminales puesto bajo arresto domiciliario | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW | 30.07.2020
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América Latina

El Salvador: exministro acusado de favorecer a criminales puesto bajo arresto domiciliario

Según el Ministerio Público, el proceso contra David Munguía Payés “está fuerte” y hay “abundancia de pruebas".

Un juzgado antimafia de El Salvador ordenó este miércoles (29.07.2020) que David Munguía Payés, exministro de Seguridad y de la Defensa, enfrente en detención domiciliar una investigación judicial por el supuesto favorecimiento a las pandillas durante un pacto promovido por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

De acuerdo con Álvaro Rodríguez, de la Fiscalía General de la República (FGR), el militar retirado deberá pagar una fianza de 10.000 dólares para que pueda ser trasladado a su casa. Añadió que el juzgado otorgó estas medidas alternas a la detención provisional por razones "humanitarias", dada la edad de Munguía Payés y por padecer condiciones de salud que lo podrían poner en riesgo ante la pandemia del COVID-19.

El representante del Ministerio Público aseguró que la jueza titular de la Corte "ha reiterado que el proceso está fuerte, que hay abundancia de pruebas" y que revisarán la "legalidad" de la decisión de la detención domiciliar.

Por su parte, Manuel Chacón -uno de los abogados defensores del militar- manifestó a periodistas que las medidas están dentro de lo que solicitaron al tribunal y explicó que Munguía Payés únicamente podrá salir de su casa por emergencia o para cumplir diligencias judiciales solicitadas por la defensa.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno de Funes, redujo los homicidios sensiblemente. La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba -según las acusaciones de la Fiscalía- un acuerdo con el Gobierno. Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.

ama (efe, ap, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

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