El Salvador: batalla legal por matanza de El Mozote | NRS-Import | DW | 14.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

El Salvador

El Salvador: batalla legal por matanza de El Mozote

Tras la anulación de la Ley de Amnistía, se reabre el histórico caso de la masacre El Mozote. El posible juicio a los responsables genera muchas expectativas. Sin embargo, para el Fiscal General es un caso ya prescrito.

Hace 35 años, El Mozote se convirtió en sinónimo de una estrategia de tierra arrasada del ejército salvadoreño. En un operativo entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en la zona, ubicada en el departamento de Morazán, al noreste del país, soldados del batallón de infantería Atlacatl ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, y ejecutaron a los pobladores. Con alrededor de 1.000 víctimas, es la mayor masacre documentada en la historia moderna de Latinoamérica. "A diferencia de otros países que han vivido transiciones entre conflictos armados y democracias, en El Salvador no hay absolutamente ninguna persona procesada penalmente por los hechos”, señala la abogada Valentina Ballesta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

Tras la orden de un juez de Morazán de reabrir el caso, puede que la impunidad haya llegado a su fin. En el nuevo caso, se procesará tanto a los autores materiales e intelectuales. A 14 miembros de las Fuerzas Armadas se les señala como posibles autores, entre ellos cinco miembros del Alto Mando. Aunque tres de las 14 personas ya fallecieron, "por el derecho a la verdad deben investigarse los hechos que incluyen a estas personas”, según Ballesta. Se les atribuye los delitos de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados y actos de terrorismo.

Vista aérea de San Salvador (Archivo)

Vista aérea de San Salvador (Archivo)

La decisión del juez de reabir el caso tiene una historia anterior. Por el momento, es el último capítulo en una larga búsqueda de justicia que ya lleva más de 25 años. En 1990, un grupo de víctimas y sobrevivientes de las masacres impulsó las primeras investigaciones. No obstante, con la aprobación de la Ley de Amnistía General en 1993, se cerró este proceso incluso antes de haber llegado a la imputación. "Se dictó un sobreseimiento general a todas las personas que podrían haber estado involucrados”, explica la abogada Ballesta.

Ayuda de la CIDH

Sin embargo, en 2005 la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador que representa a las víctimas junto con CEJIL pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reactivara la investigación. La CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en diciembre de 2012 emitió una resolución condenatoria contra el Estado salvadoreño. Con la resolución, rechaza la Ley de Amnistía, ordena la reapertura del caso y dicta reparaciones para mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

Durante más de tres años, el Estado salvadoreño hizo caso omiso a la resolución de la corte, por lo cual las organizaciones representantes de las víctimas le pidieron a la corte una audiencia de supervisión de cumplimiento. En julio de este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Apenas tres meses después, se pide la reapertura del primer caso – el caso de El Mozote. "Creemos que lo que estamos viviendo responde también a la presión que se ha hecho a través de la supervisión del cumplimiento”, opina Ballesta.

Caso "prescrito"

Aunque la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012 que dicta reabrir el caso quede muy clara, Douglas Meléndez, el Fiscal General de El Salvador, tiene una posición distinta. Según él, "el proceso de mérito se encuentra fenecido como consecuencia del sobreseimiento definitivo” de 1993. En una carta al Fiscal, diferentes organizaciones internacionales han expresado su preocupación ante la posición de Meléndez. "Consideramos que es un desconocimiento a sus deberes constitucionales y a las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño”, dice Ballesta de CEJIL, una de las organizaciones firmantes de la carta. La postura de Meléndez crea dudas sobre la disponibilidad de la fiscalía para realizar las investigaciones necesarias. "No es una función discrecional del Fiscal investigar o no investigar, ante un hecho como la reapertura del caso está llamado a hacerse parte en el proceso”, afirma Ballesta. Por más años que lleve, la lucha por la verdad y la justicia en el caso el Mozote apenas empieza.

Autor: Martin Reischke (EL)

DW recomienda