Vecinos insultaron a familias indígenas en la colonia Roma, uno de los barrios acomodados de la capital mexicana, e intentaron impedir que lo habitaran. El episodio llevó a la aprobación de leyes contra la discriminación en establecimientos y servidores públicos, que incluyen multas de hasta 12.000 dólares. La mitad de la población mexicana declara haberse visto afectada por el racismo.