“El proceso de paz colombiano es un gigante con pies de barro” | América Latina | DW | 27.05.2018
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América Latina

“El proceso de paz colombiano es un gigante con pies de barro”

Una politóloga del GIGA explica cómo la correlación de fuerzas políticas imperantes, el grado de legitimidad atribuido al acuerdo con las FARC y la capacidad estatal para implementarlo atentan contra la paz en Colombia.

Este domingo (27.5.2018), cuando los colombianos van a las urnas para elegir a un nuevo jefe de Gobierno, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, invitó a sus compatriotas a votar "por el bien de las próximas generaciones”, instándolos tácitamente a apoyar a quienes defienden el acuerdo de paz firmado con la organización guerrillera FARC. DW habló con Viviana García, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) y la Universidad de Marburgo, sobre las posibilidades de éxito de ese pacto.

Deutsche Welle: ¿Qué factores favorecen o atentan contra el éxito del proceso de paz firmado con las FARC por el Gobierno de Juan Manuel Santos en nombre del Estado colombiano?

Viviana García:    El proceso de paz con las FARC fue recibido con una fuerte resistencia desde el principio. Varios sectores de la sociedad colombiana se posicionaron en contra; en el ámbito político su principal opositor es el expresidente Álvaro Uribe. Yo destacaría, sin embargo, que el Gobierno de Juan Manuel Santos, motor del proceso de paz, no aplicó una estrategia pedagógica fuerte durante las negociaciones realizadas en La Habana: Santos no supo ‘venderle' este proyecto trascendental a sus compatriotas.

¿En qué sectores de la sociedad colombiana se concentra la resistencia al acuerdo de paz?

Son sobre todo los habitantes de las zonas urbanas de Colombia –las menos golpeadas por el conflicto con las FARC– quienes parecen no entender los beneficios del acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre de 2016 con la organización guerrillera más grande del país. El hecho de que la mayoría de los colombianos votara en contra del acuerdo con las FARC el 2 de octubre siguiente fue un golpe duro para la legitimidad del proceso de paz. Yo lo describiría como un gigante que nace con los pies de barro.

La concesión del Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos el 9 de diciembre de 2016 y una movilización social muy intensa a favor de la aprobación del acuerdo de paz propiciaron una nueva discusión sobre el tema que derivó en la enmienda parcial del pacto y su aprobación en el Congreso. Después de eso, al acercarse a su final, el Gobierno de Santos se fue quedando sin el capital político necesario para impulsar reformas y allanarle el camino a la implementación de lo negociado con las FARC.

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"No creo que esté en peligro el acuerdo de Paz"

Al mismo tiempo, el Congreso se consolida como la instancia que bloquea la cristalización del proceso de paz. Son muchos los marcos legales –desde la jurisdicción especial de paz hasta la reforma rural integral, pasando por otras normativas claves– que el Congreso debe tramitar y aprobar para que el acuerdo de paz con las FARC pueda implementarse y no lo ha hecho. A estos aspectos coyunturales se suman otros estructurales, como las debilidades que el Estado arrastra desde hace mucho tiempo.

Usted comenta que al Gobierno de Santos no le quedó fuerza para llevar a la realidad las reformas de las que depende el éxito del acuerdo de paz. ¿Qué deudas pendientes tiene el Estado colombiano en ese sentido?

Las instituciones colombianas han sido ineficientes a la hora de honrar los compromisos adquiridos con las FARC. Por ejemplo: cuando miles de guerrilleros desmovilizados llegaron a las zonas de concentración, no contaban ni siquiera con la infraestructura mínima necesaria para garantizar que permanecieran allí. Cuando las FARC entregaron sus armas y abandonaron los territorios que ocupaban, el Estado colombiano debió hacerse presente para llenar ese vacío de poder, pero no lo hizo.

Y no está del todo claro que el Estado colombiano vaya a hacerlo. En esta cuestión confluyen factores como la correlación de fuerzas políticas imperantes, el grado de legitimidad atribuido al acuerdo con las FARC y la capacidad institucional del Estado para implementar el acuerdo con los guerrilleros. Para construir la paz no basta que el Estado y la guerrilla se estrechen la mano: el Estado debe hacerse presente en los rincones más lejanos de Bogotá, conocer y satisfacer las necesidades de sus pobladores.

Un modelo de desarrollo incluyente es imprescindible para que la paz prospere y sea sostenible. Desde luego, llevar un acuerdo de paz a la práctica es más difícil que suscribirlo. Se estima que, en condiciones ideales, el proceso de paz tardaría entre diez y quince años para dar frutos. Lamentablemente, aunque ha habido avances puntuales, la forma en que se están desarrollando las cosas no es muy alentador. Estamos en la fase crítica; los primeros tres o cinco años de un proceso de paz son claves.

Evan Romero-Castillo (FEW)

 

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