CRONOLOGIA : Nicaragua, un año de crisis | Política | DW | 15.04.2019
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Política

CRONOLOGIA : Nicaragua, un año de crisis

Sumida en la incertidumbre, con un férreo control gubernamental sobre la oposición y la prensa independiente, con cientos de presos y miles de exiliados, Nicaragua cumple un año de grave crisis política.

Nicaragua vive una grave crisis política, la peor de las últimas cuatro décadas, sin que se avizore una pronta solución al conflicto.

La represión oficial a las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de 2018 dejó más de 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y unos 60.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su secretario ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao, advirti ó hace meses sobre la implantación de un "Estado policial”.

Estos han sido los principales sucesos ocurridos durante el último año:

18 abril: Unas 60 personas que protestan contra una polémica reforma al Seguro Social son atacadas por activistas del gobierno en Managua. Incidentes similares ocurren en León (occidente) y Matagalpa (norte). Al día siguiente, la Policía disuelve a balazos varias protestas universitarias, con un saldo de tres jóvenes muertos y 37 heridos.

22 y 24 abril: Millares de opositores marchan pacíficamente en Managua para exigir la salida de Ortega. Los obispos de la Conferencia Episcopal se ofrecen como "mediadores y testigos" en un diálogo nacional.

16 mayo: Se instala el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica, cuyos delegados instan a Ortega a "cesar la represión” y a dejar el poder. El Gobierno denuncia un "intento de golpe de Estado” financiado desde el exterior, mientras Amnistía Internacional (AI) lo acusa de "ejercer una política represiva letal”.

30 mayo: Policías y paramilitares disparan contra una marcha de cientos de miles de personas en Managua. Ataques similares ocurren en otras ciudades, con saldo de 16 muertos y decenas de heridos. Ortega anuncia que no dejará el poder.

4-5 junio: Manifestantes levantan barricadas y "tranques” en ciudades y carreteras  del interior. En Masaya, un ataque gubernamental deja 10 manifestantes muertos y decenas de heridos, mientras en la turística Granada se registran saqueos, incendios y ataques a opositores.

12 junio: La Alianza Cívica convoca al primero de cuatro paros nacionales (huelgas). Días después, Ortega autoriza el ingreso de misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unión Europea.

5 julio: Estados Unidos sanciona a tres funcionarios leales a Ortega por corrupción y violación de derechos humanos: Francisco López, director de la petrolera estatal, Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía, y Francisco Díaz,  subdirector de la Policía a quien Ortega premia luego con el máximo cargo en la institución.

13 julio: Paramilitares y policías disparan contra universitarios refugiados en una iglesia de Managua, con saldo de dos muertos y 16 heridos. El gobierno también recupera el control de Masaya, principal bastión de resistencia cívica.

2 de agosto: El Consejo Permanente de la OEA forma un "grupo de trabajo" para ayudar a una salida pacífica y el gobierno anuncia que no permitirá su ingreso al país. El 31 de agosto, la Cancillería expulsa  a la misión de la OACNUDH, a la que Ortega llama "instrumento de muerte, terror y mentira”.

28 septiembre: La Policía de Nicaragua prohíbe todas las protestas opositoras, aunque la Constitución consigna la libertad de reunión, manifestación y movilización pacífica.

4 octubre: Nace la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), formada por la Alianza Cívica y otras 42 entidades sociales y políticas. El 14 de octubre, la Policía impide una marcha de la UNAB en Managua y arresta a 38 opositores.

18 octubre: La CIDH contabiliza 325 muertos y más de 2.000 heridos  por la "represión estatal” durante seis meses de conflicto, así como 52.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica. El gobierno reporta 198 víctimas.

12 noviembre: El Gobierno anuncia una ley de "reconciliación y paz" para "promover desde la escuela, la familia y la comunidad, valores y prácticas de respeto, solidaridad, diálogo, encuentro y convivencia armoniosa".

11 diciembre: El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley Magnitsky Nica Act, que establece sanciones para funcionarios y familiares de Ortega implicados en corrupción y violación de derechos humanos, y obliga a la Casa Blanca a vetar préstamos multilaterales a Managua.

19 diciembre: El gobierno expulsa a la misión de seguimiento de la CIDH en Nicaragua y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). La secretaría general de la OEA protesta enérgicamente.

21 diciembre: La Policía arresta a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y ocupa su canal 100% Noticias. También confisca tres medios dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, posteriormente obligado al exilio. El gobierno declara ilegales a nueve ONGs y las acusa de "servir a los planes terroristas”.

29 enero: La Internacional Socialista expulsa de sus filas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). "El socialismo es incompatible con la tiranía”, anuncia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

27 febrero: Se instala un segundo diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica para negociar  cuatro puntos: libertad definitiva de los "presos políticos”; fortalecimiento (restitución) de libertades individuales; reforma electoral y un plan de justicia para las víctimas de la represión. El gobierno excarcela a 100 presos de conciencia y los pone bajo arresto domiciliario. Otros 100 saldrán con igual restricción antes del 3 de abril.

1 marzo: Entra en vigor una reforma tributaria aprobada en el Parlamento de mayoría oficialista, tras una impopular reforma al Seguro Social aprobada en febrero. La empresa privada advierte que ambas medidas harán colapsar la economía, que acumula pérdidas de más de 1.600 millones de dólares y ha caído en -3,8 por ciento.

3 abril: Concluye la negociación gobierno-oposición sin llegar a acuerdos en los temas electoral y de justicia. Solamente se pacta la liberación de presos (770 según la Alianza Cívica) supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y a un plazo máximo de 90 días. Aunque se había acordado restablecer el derecho a las manifestaciones políticas opositoras, la Policía mantiene vigente la prohibición.

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