Informe de subcomisión pide la inhabilitación de Castillo
7 de noviembre de 2022
Un informe legislativo presentado este lunes (07.11.2022) pide que el presidente de Perú, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse de la presunta comisión de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia en una entrevista. La votación del informe, sin embargo, fue postergada tras un cambio en los integrantes de la subcomisión en la que se debate la acusación contra Castillo.
"Recomendando la inhabilitación por cinco años y acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria", concluyó el congresista Diego Bazán al leer la exposición del informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Añadió que Castillo "ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía" sobre esta posible medida que, según sostuvo Bazán, "pone en grave riesgo la integridad de la nación". La Comisión ha mantenido un intenso debate que se ha podido seguir en directo a través de la propia televisión del parlamento CNC TV.
Bazán dijo que, con su acusación, "no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión", sino determinar si ha transgredido la Carta Magna. El congresista, del partido opositor Avanza País, remarcó que las manifestaciones de Castillo "son susceptibles de reproche" y recordó que el artículo 118 de la Constitución peruana establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que sus declaraciones afectan a la soberanía nacional. "Las declaraciones de un presidente son vinculantes", alegó.
De prosperar el informe final de la denuncia contra Castillo en la subcomisión, el documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo antes de autorizar su eventual debate en el pleno. Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.
lgc (efe/cnc)