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América Latina

Período crítico para el Gobierno brasileño

La nueva fase de la operación Lava Jato alcanzó de pleno el centro del poder del Partido de los Trabajadores (PT) y tendrá serias implicaciones para el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y la política brasileña.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue conducido este viernes (04.03.2016) por agentes de la Policía Federal (PF) a prestar declaración durante más de tres horas. La acción sucedió un día después de la publicación de un reportaje en la revista IstoÉ en el que Delcídio do Amaral, exlíder oficialista en el Senado, dijo al Ministerio Público que la presidenta Dilma Rousseff tenía conocimiento de las irregularidades en Petrobras. Rousseff habría intentado influenciar las investigaciones del caso y beneficiar a los empresarios presos.

Es la primera vez que las acusaciones de este tipo tienen origen de una figura propia del partido. En el caso de Lula, el reportaje de IstoÉ afirma que Delcídio reveló a la fiscalía que el expresidente ordenó pagar testigos para obstruir las investigaciones.

La Policía de Brasil registra la sede del Instituto de Lula.

La Policía de Brasil registra la sede del Instituto de Lula.

“Más allá de llevar a Lula a declarar, los investigadores incautaron documentos en su casa y en su instituto. El análisis puede confirmar que Lula actuó para obstruir el trabajo de la policía”, dijo Stephane Monclaire, científico político francés de la Universidad de la Sorbona, que recordó que el propio Delcídio fue detenido en diciembre por la misma acusación.

Por su parte, Peter Hakim, del Instituto de Análisis Político Inter-American Dialogue, con sede en Washington, indicó que la imagen de Lula y del PT aún sufrirá más. “Lula tenía un estatus de personalidad mundial y ahora se convirtió en un político llevado por la policía y al que se le ha registrado su casa”, afirma.

Impulso para el proceso de acusación

Estos hechos ocurren a menos de diez días de una gran protesta contra el gobierno de Dilma, programada para el día 13 de marzo y que se contempla como una prueba para determinar el nivel de apoyo a la salida de la presidenta.

Según Monclaire, la protesta debe analizarse con atención ya que probablemente la nueva fase de Lava Jato tendrá como consecuencia fortalecer nuevamente la andadura del proceso de acusación, debilitada durante los dos primeros meses del año. “Estos nuevos hechos son mucho más graves y deberían deteriorar aún más la situación del gobierno”, afirma.

Asimismo, Hakim ve la situación peligrosa para Dilma. “Es necesario preguntarse: ¿Realmente actuó para obstruir las investigaciones? Si eso se confirma, ese es un elemento que puede ser fundamental para estimular un proceso de acusación, mucho más que los problemas en las cuentas del gobierno y la mala situación económica”, afirma.

“Si Dilma renunciase podría ser una salida, pero el problema continuaría. ¿Quién entraría en su lugar? Ningún político brasileño tiene un plan”, concluye el experto.

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