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América Latina

Colombia: HRW vincula a jefes militares con “falsos positivos”

Human Rights Watch denuncia en un informe la vinculación de altos militares de Colombia con ejecuciones de civiles y afirma que los comandantes “al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos”.

Las cifras oscilan entre 3.000 y 4.000 muertos. Y son especialmente estremecedoras porque no se refieren a víctimas de combates, sino a civiles que fueron asesinados, haciéndolos pasar luego por insurgentes abatidos en enfrentamientos. En Colombia se habla de “falsos positivos”.

“Fue una práctica generalizada y sistemática por parte de las fuerzas del ejército entre los años 2002 y 2008”, afirma Max Schoening, autor de un reporte que acaba de presentar Human Rights Watch (HRW) sobre el rol de los altos mandos en “falsos positivos”. “En el informe mostramos como casi la totalidad de las brigadas de ejército adscritas a todas las divisiones que tenía en ese entonces el ejército colombiano están comprometidas con ejecuciones extrajudiciales de civiles, según las propias investigaciones de la Fiscalía General de Colombia”, dijo el experto en Colombia de dicha organización de derechos humanos.

Contexto nacional

En la víspera, la Fiscalía General colombiana anunció la decisión de interrogar a cuatro generales al respecto pero, hasta ahora, las sanciones se han limitado a los rangos inferiores y no han afectado a la cúpula militar. “Hasta la fecha solo unos pocos coroneles del ejército han sido condenados por ‘falsos positivos' y no hay ningún general que haya sido acusado formalmente, a pesar de las evidencias extensivas que presentamos en nuestro informe que implican a numerosos generales y coroneles”, subraya Schoening en conversación con DW.

Sabine Kurtenbach, politóloga del Instituto Alemán de de Estudios Globales y Regionales (GIGA) analiza la situación en el marco de la realidad que vive el país. “En Colombia hay un clima muy polarizado frente al proceso de paz” y la Justicia “tampoco escapa a esa polarización”, señala la académica. Y hace notar que el tema de la justicia es siempre muy delicado cuando recién se supera un conflicto armado: “La justicia transicional no puede hacer borrón y cuenta nueva, de eso ni hablar, pero hay que encontrar mecanismos flexibles, para que quizás dentro de algunos años se pueda hacer algo en el tema judicial”.

Amenazas a testigos

Schoening, por su parte, advierte “riesgos muy serios de impunidad en el marco de este proceso de paz”, si bien apoya categóricamente la vía de solución negociada para poner fin al conflicto colombiano. Subraya, de todos modos, que “el avance de las investigaciones no está condicionado al avance del proceso de paz”. Pero hay muchos obstáculos en el camino, comenzando por la falta de cooperación de las autoridades militares. “Se resisten a entregar documentos que son clave para la investigación”, indica el especialista en Colombia de HRW.

Su informe documenta también amenazas y ataques contra soldados que han denunciado la participación de sus superiores en casos de “falsos positivos”: “Hay hostigamiento, amenazas y por lo menos un caso de asesinato de un testigo clave, lo que manda un mensaje contundente a los soldados de que van a ser castigados si testifican, si declaran sobre el rol que tenían sus superiores en estos crímenes”.