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América Latina

“La reforma del Fuero Penal Militar era necesaria“

La reforma constitucional aprobada por el Congreso colombiano delimita competencias y era necesaria, pero de cara a una situación post conflicto, urge impulsar un desarrollo integral del país, instan expertos.

El Congreso colombiano aprobó con amplia mayoría la reforma constitucional al Fuero Penal Militar.

El Congreso colombiano aprobó con amplia mayoría la reforma constitucional al Fuero Penal Militar.

La aprobación a una reforma al Fuero Penal Militar por parte del Congreso colombiano es vista como un acierto. “Era necesaria para delimitar competencias y poner un límite a la fuerza pública en casos que atañen al Derecho Internacional Humanitario (DIH)“, subraya Hubert Gehring, representante de la fundación Konrad Adenauer en Bogotá. El analista destaca la importancia de que la Justicia militar sea independiente del mando militar, como lo prevé la reforma, y que los jueces y fiscales que conformen esos tribunales militares reciban una capacitación especial.

El DIH es un derecho especializado en situaciones de guerra. En el caso colombiano la investigación debe ser realizada por peritos capacitados en la confrontación armada entre la fuerza pública y grupos armados ilegales. El objetivo declarado de la reforma es dar a militares y policías una investigación más justa. Excluye de su competencia a los llamados “falsos positivos“ o abusos sexuales, porque dichos casos no competen el DIH. Esos casos serán juzgados por tribunales ordinarios.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), especializado en situaciones de guerra.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), especializado en situaciones de guerra.

Vieja demanda de las fuerzas armadas

“Las fuerzas armadas en Colombia siempre tuvieron interés en crear un fuero especializado de cara al conflicto armado, en el marco del DIH. Para ellos esta competencia jurisdiccional corresponde a la fuerza militar“, afirma por su parte Kai Ambos, director del departamento de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Gotinga.

El catedrático aclara que la enmienda constitucional no está excenta de objeciones. “Hay críticas a la Justicia Penal Militar en América Latina, sobre todo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se argumenta que esos tribunales militares no son imparciales porque son jueces de su propia causa. Los policías raramente denunciarán a sus compañeros, y tampoco los militares“.

Por otro lado, el jurista plantea una preocupación legítima de la fuerza pública: “Los militares dicen que el abogado colombiano normal no tiene idea del Derecho Internacional Humanitario y que sólo un juez militar entenderá su situación cuando tiene que decidir si disparar o no“.

La reforma no es suficiente

“La reforma ha generado un debate en distintos sectores del país. Sin embargo envía un mensaje claro a la comunidad internacional acerca de la voluntad del Estado colombiano de fortalecer sus fuerzas armadas sin olvidar el respeto de los derechos humanos, así como el apego irrestricto al derecho internacional“, destaca Sergio Andrés Ramírez, director del think tank Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga.

Sin embargo, el experto aclara que la reforma no es suficiente. “Falta avanzar en el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar, por ejemplo, con la aplicación integral de la ley 1407 de 2010, un nuevo Código Penal Militar, que pese a estar vigente no se aplica en su totalidad por falta de logística, infraestructura y de funcionarios que puedan ejercer los roles que el nuevo sistema implica“.

Negociadores en la Habana anuncian que habrá una Comisión de la Verdad en Colombia.

Negociadores en la Habana anuncian que habrá una Comisión de la Verdad en Colombia.

Los colombianos, cada vez más escépticos

Hubert Gehring señala que a casi tres años de que comenzaran las negociaciones de paz en La Habana para poner fin al conflicto armado en Colombia causa desazón el recrudecimiento de la violencia. “El proceso ya lleva casi tres años frente a los quince meses estimados inicialmente por el presidente colombiano, y faltan aún por resolverse dos puntos sumamente críticos: la indemnización a las víctimas y la desmovilización y deposición de armas“, explica.

A eso se suma un recrudecimiento de las hostilidades, sobre todo desde la guerrilla. “Atentados contra soldados y policías, agresiones al medioambiente vertiendo miles de litros de petróleo o haciendo estallar postes de luz. Eso no genera simpatías entre la población. De momento los colombianos se muestran cada vez más escépticos“.

Gehring subraya que para que tenga éxito un eventual tratado de paz, que estará a prueba en las regiones, “es necesaria la presencia del Estado de Derecho en todo el país, a través de educación, infraestructura, administración y servicios de salud“. Pero lamenta que para ello son necesarias reformas, que no están a la vista.

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