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América Latina

Virulento rebrote de conflicto minero en Perú

El gobierno peruano declaró estado de emergencia por 30 días en algunas provincias, después de que las protestas contra el proyecto minero Las Bambas derivaron en un enfrentamiento con las fuerzas policiales.

Perú ha apostado decididamente por la minería como motor de crecimiento. A comienzos de agosto, el Ministerio de Energía y Minas informaba que las inversiones en ese sector han aumentado en un 142 por ciento durante el actual gobierno con respecto al monto registrado entre 2006 y 2001. “El notable crecimiento acumulado en los últimos cuatro años se sustenta en el gran potencial de la minería peruana”, declaró entonces a la agencia Andina el director de minería del citado Ministerio, Marcos Villegas. Y explicó que la puesta de proyectos mineros en cartera permitirá duplicar la producción de cobre, constituyendo “una gran oportunidad de desarrollo para los pueblos más alejados del país”.

Uno de esos proyectos es el de Las Bambas, en torno al cual se ha desatado un conflicto que el pasado lunes escaló con virulencia. Tres muertos y más de una docena de heridos dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, según Wilber Venegas, el gobernador de Apurímac. En tres provincias de esa región y otras de Cuzco se ha impuesto el estado de excepción y fuerzas militares han de respaldar a los efectivos policiales para controlar la situación. Venegas pidió al Ejecutivo el envío de una comisión de alto nivel a la zona para escuchar las demandas de los pobladores y encontrar una salida a la tensión.

Origen del conflicto

“Me parece sintomático cuando se recurre con tanta rapidez a las Fuerzas Armadas. El gobierno debería preguntarse qué imagen transmite a los ciudadanos que votaron por él, qué imagen transmite como Estado si se actúa con tanta fuerza contra manifestantes”, opina Kilian Linder, encargado de proyectos para América Latina de Cáritas Alemania. La organización es parte de la “Campaña Minería Perú” (Kampagne Bergwerk Perú), que se propone dar a conocer en Alemania los efectos de la minería en los habitantes y el medio ambiente de ese país andino. “Se trata de sensibilizar a la opinión pública en cuanto a que nuestro modelo de consumo se basa en gran medida en que necesitamos recursos de los países del sur para mantener nuestro estilo de vida y eso también azuza tales conflictos”, indica.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en Perú casi la mitad de los conflictos sociales pendientes están vinculados al sector minero. En general, estos se derivan del temor de la población local a los perjuicios que la actividad extractiva puede causar al medio ambiente y a sus actividades agrícolas. En el caso del proyecto Las Bambas, los manifestantes denuncian que la empresa modificó unilateralmente el estudio de impacto ambiental para cambiar el sistema de transporte inicialmente previsto e instalar las plantas de procesamiento en Cotabambas, lo cual a su juicio afectará sus tierras.

Intereses contrapuestos

No es la primera protesta de esta naturaleza. Ni la primera vez que hay muertos que lamentar. “En Perú existe un conflicto latente desde hace mucho tiempo, que por desgracia siempre vuelve a desembocar en enfrentamientos violentos. Lo ocurrido en el caso de Las Bambas, con lamentables víctimas fatales, no es por desgracia una excepción”, apunta el especialista de Cáritas. La resistencia contra el proyecto minero de Tía María desembocó en graves disturbios desde fines de abril, que dejaron cuatro muertos y cientos de heridos. La empresa Southern Copper anunció en mayo una pausa de dos meses en ese proyecto. Minas Congas, otro proyecto de extracción de oro y cobre, en la región de Cajamarca, fue igualmente objeto de masivas protestas y se encuentra suspendido desde 2011.

Peru Proteste gegen Kupfertagebau Projekt Tia Maria

Protestas contra el proyecto Tía María, en mayo de 2015.

El problema de fondo radica en que “hay visiones contrapuestas de cómo ha de verse el desarrollo y es muy difícil conciliarlos, porque los intereses son diametralmente opuestos”, dice Linder, y acota que diversas ONG y redes de organizaciones civiles reprochan al gobierno tener más en cuenta los intereses de las grandes empresas que los de la población local. Cáritas respalda por eso proyectos puntuales “que demuestren que puede haber otras formas de desarrollo, en los que el desarrollo humano y la naturaleza no tengan que estar necesariamente en contraposición”.

El diálogo se plantea complejo, pero ineludible. Desde ya, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las organizaciones que se oponen al proyecto de Las Bambas a dialogar con la empresa operadora, la australiana MMG, filial de China Minmetals Corp.

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