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América Latina

Venezuela: Supremo desconoce poder del Parlamento para remover jueces

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, aseguró que la Asamblea Nacional no tiene "legitimidad" para destituir a magistrados del Poder Judicial. La Policía bloqueó marcha de opositores que iba al Parlamento.

Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano

Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano

El jefe de la máxima corte venezolana aseguró que en los actuales momentos la Asamblea Nacional (AN) "carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados", informó en Twitter el Tribunal Supremo sin dar más detalles. La precisión de Moreno se refiere al proceso que este 4 de abril iban a abrir los opositores para remover de sus cargos a los magistrados que dirigen la Sala Constitucional de la Justicia venezolana, pero que en medio de protestas y bloqueos callejeros fue cancelado. 

La iniciativa legislativa busca emprender acciones contra los jueces que dictaron un fallo con el que limitaban la inmunidad parlamentaria y daban al Supremo las facultades del Poder Legislativo mientras este permaneciera en desacato.

"Pueden ser removidos con dos terceras partes”

El Parlamento venezolano ha estado en desacato y, por tanto, sus actos declarados nulos casi todo el año 2016 por desobedecer una sentencia del Tribunal Supremo en la que ordenaba la suspensión de tres parlamentarios opositores, recién electos, por supuesto fraude en el proceso electoral.

Según la Constitución venezolana, "los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano".

Un grupo de diputados opositores pidió este 3 de abril al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que actualmente ocupa la presidencia del Poder Ciudadano, que fije una posición ante la "violación del orden constitucional" que, a su juicio, significó la decisión del Supremo que dejó sin competencias al Parlamento.

Aunque la decisión fue revocada poco después por el propio Tribunal Supremo luego de la exhortación de los poderes públicos, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo). La fiscal general, Luisa Ortega alertó, a pocas horas de conocerse la decisión del alto tribunal que la sentencia representaba una "ruptura del orden constitucional".

JOV (efe, Terra)

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