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América Latina

Venezuela: “El teatro de la democracia”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional por ser presuntamente “inconstitucional”. ¿Qué sigue ahora?

Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en Caracas.

Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en Caracas.

“El chavismo considera que los políticos detenidos no son presos políticos sino responsables de las 43 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales del 2014. Y el TSJ señala que la Asamblea Nacional se extralimitó”, precisa a DW la politóloga internacionalista de la Universidad Nacional de Colombia Socorro Ramírez.

La analista colombiana, experta en Venezuela, coincide con Manuel Silva Ferrer, investigador de ciencias sociales en la Universidad Libre de Berlín, en que “el rechazo era esperado”. Es más, agrega el analista venezolano, “todas las leyes que sigan saliendo de esta Asamblea van a ser boicoteadas, porque en este conflicto de poderes se ha dado un golpe de facto a la Asamblea”.

Se cierran las puertas del consenso

Así, en este choque de poderes la más importante víctima es ya uno de los principales cometidos de la oposición: sacar de los calabozos a los presos políticos de Venezuela. Pero tan fácil no es la cosa: “Así el Gobierno no los reconozca como presos políticos, la mayoría de estos presos no ha sido ni juzgado ni condenado”, dice Ramírez.

Con el rechazo a la Amnistía son ya cuatro las decisiones de la Asamblea con mayoría opositora anuladas por el TSJ, entre ellas la ley de reforma del Banco Central y la ley económica. Este es, según Socorro Ramírez, “otro paso hacia el cierre total de las vías constitucionales que el Estado de derecho venezolano prevé para resolver crisis pacíficamente”.

Según Silva Ferrer, “el TSJ no sustenta su rechazo a la Asamblea Nacional con hechos jurídicos, sino que actúa movido por intereses políticos”, como lo demostraría que, “una vez que se supo que el partido de Gobierno había perdido la mayoría en la Asamblea, se amplió arbitrariamente el número de miembros de la Sala Constitucional del TSJ. Por lo que ahora son exdiputados chavistas los encargados, desde el poder judicial, de bloquear las decisiones del legislativo”, concluye el filósofo y comunicador Manuel Silva Ferrer. Todo, de acuerdo a Silva, por orden del jefe del Ejecutivo: Nicolás Maduro.

Venezuela, ¿un Estado bloqueado?

“Por desgracia”, concluye Ramírez, quien lamenta que en “Venezuela se estén quemando las salidas al diálogo, a pesar de que tanto la OEA como la ONU hayan concluido que la Ley de Amnistía estaba en conformidad con el amparo mundial de los derechos humanos”. Una apreciación que, en efecto, la ONU respalda: “La decisión del TSJ de desechar una Ley de Amnistía que habría asegurado la liberación de activistas opositores es muy decepcionante porque podría haber sido un paso hacia la reconciliación”, dijo este 12 de abril Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra.

Para explicar mejor la intrincada situación de bloqueo institucional en Venezuela, Silva Ferrer recuerda que los partidos políticos organizados han pedido al Consejo Superior Electoral (CSE) convocar un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Una petición que no solo ha sido ignorada sino que, de acuerdo a Manuel Silva, “está siendo impedida, por todos los medios, por el CSE, dominado por los chavistas”.

Las razones para ese otro bloqueo son para Silva Ferrer claras: “En vista de la catastrófica situación en que el chavismo ha maniobrado a Venezuela, no hay manera de que Maduro sobreviva a un referendo revocatorio”. En Venezuela, concluye Silva, la democracia es hoy solo teatro, es “el teatro mismo de la democracia”.

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