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América Latina

Urgen a que México investigue muertes en motín carcelario

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado para que las autoridades mexicanas identifiquen y sancionen a los responsables por el entorno de autogobierno que presentaba el centro penitenciario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en el penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León (México), en los que 49 personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas.

La Comisión Interamericana también urgió a México a identificar y sancionar a los responsables. Y recordó al Estado mexicano que tiene "la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia".

"Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión", señaló la Comisión a través de un comunicado.

Hacinamiento en el penal

El pasado 11 de febrero tuvo lugar un motín en el penal de Topo Chico iniciado, según las autoridades mexicanas, por el enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Según el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento.

Para evitar que hechos como éstos vuelvan a repetirse, la Comisión instó al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a "reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma".

La Comisión también criticó que después de los hechos, el Estado de Nuevo León haya decidido el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención, sin que sus familiares hayan sido hasta ahora informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde.

"En los casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos", recordó la Comisión.

EL(dpa, efe)

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