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América Latina

Un atroz crimen ocultado por la dictadura de Pinochet

Los militares que prendieron fuego a dos jóvenes en 1986 pueden ser acusados gracias a un testigo. Documentos estadounidenses revelan cómo el régimen de Pinochet encubrió el crimen.

Bachelet y Quintana, víctima de la violencia militar bajo la dictadura pinochetista.

Bachelet y Quintana, víctima de la violencia militar bajo la dictadura pinochetista.

En 1986 la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile informó en cinco télex al Departamento de Estado en Washington sobre lo que tuvo lugar el 2 de julio de ese año en la capital chilena: la primera protesta nacional contra la dictadura de Pinochet.

En ese día, hace 29 años, a las 7 de la mañana en la calle Fernando Yungue, en la comuna de Estación Central, una patrulla militar detuvo al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y a la estudiante Carmen Gloria Quintana. Él de 19, ella de 18 años de edad.

Los soldados golpearon a los jóvenes, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Los mismos militares los envolvieron en mantas y los tiraron a una zanja en el norte de Santiago. Transeúntes los llevaron a un hospital, en donde Rodrigo Rojas murió cuatro días después. Carmen Quintana sobrevivió, aunque la mayor parte de su cuerpo quedó marcado para siempre.

Doce militares detenidos

El crimen, que en su momento causó gran consternación, vuelve a conmover a Chile. Los cables diplomáticos estadounidenses no solo citan a testigos que afirman que los jóvenes fueron quemados deliberadamente por los soldados, sino que revela cómo el extinto dictador Augusto Pinochet dio instrucciones para que los jóvenes fueran presentados como terroristas que supuestamente fueron víctimas de sus propios cócteles molotov.

El "caso Quemados" revive así el debate sobre el pasado en un país donde, aún hoy, no pocos justifican el golpe militar y la dictadura de Pinochet. Muchos crímenes de su régimen siguen impunes. En el "caso Quemados" no se pudo determinar si los militares les prendieron fuego a los jóvenes intencionalmente. El jefe de esa patrulla militar, el capitán Pedro Fernández Dittus, fue condenado en 1990 a sólo 600 días de prisión, de los cuales no pagó ni la mitad. ¿La condena? Asesinato no intencional, ya que no dejó llevar a las víctimas a un hospital.

Bachelet insta a ayudar a esclarecer otros crímenes

Gracias a la declaración de varios exsoldados los doce sospechosos podrán ser acusados de asesinato culposo, mientras en Chile se habla de un “pacto del silencio en el interior de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet, cuyo padre, un general de aviación, fue torturado por haber sido fiel al presidente Salvador Allende, dijo que en Chile hay mucha gente que podría aportar al esclarecimiento de delitos de la dictadura e instó a los chilenos a seguir el ejemplo del testigo Fernando Guzmán, quien confesó la existencia de un "pacto de silencio", con el fin de “mitigar el dolor de las víctimas".