UE, en defensa del pequeño agricultor, también latinoamericano | América Latina | DW | 17.04.2018
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América Latina

UE, en defensa del pequeño agricultor, también latinoamericano

Las grandes cadenas pueden pagar tarde, cambiar el precio, retirar su pedido. La Comisión Europea quiere ayudar a pequeños y medianos productores, también de América Latina a demandar sus derechos.

Dentro de unos tres años, más o menos, un productor de bananos de América Latina podría dirigirse a una agencia estatal del país de la Unión Europea donde se encuentre la gran cadena que adquiere sus productos y poner una queja, anónimamente, en caso de que haya habido "prácticas abusivas” (Unfair Trade Practices, UTPs). Para algunos esto es un gran logro por el que han trabajado por años; para otros es sólo un pequeño paso, y llaman a no dormirse en los laureles.

La nueva directiva para erradicar las UTPs en la cadena alimentaria  acaba de salir de la Comisión Europea y aún tendrá que ser enmendada y aprobada por el Parlamento Europeo y, finalmente, bendecida por el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. A partir de ahí, los países miembros deberán ideárselas para implementar la directiva, con un plazo de dos años.

UTPs: "Prácticas comerciales abusivas”

"Hemos perseguido por años las UTPs que llevan a que los compradores europeos puedan cambiar a corto plazo las condiciones de compra. Que no mantengan los precios, que incluyan tasas no previstas. Esto significa que los riesgos se externalizan y quedan sobre los hombros de los productores. Tanto fuera como dentro de Europa esto golpea su capacidad de maniobra, su  planificación y sus ingresos”, explica a DW Peter Möhringer, coordinador de proyectos de FairTrade en Bruselas. Para su organización, esta medida puede ayudar a paliar el sufrimiento de muchos productores. Pero, ¿de qué productores? ¿Y en donde están éstos? Ejemplos hay muchos; estudios no tantos.

"En general es muy difícil saber exactamente la frecuencia de UTPS porque existe temor. Hay muy pocos datos, porque los productores afectados no se expresan”, sigue Möhringer.

Competencia feroz por el precio más bajo

"Para nuestra investigación sobre el banano, por ejemplo, trabajamos con productores latinoamericanos. Muchos de ellos no querían colaborar por miedo a ser nombrados y luego sufrir venganzas de los compradores”, añade.

Según un informe de FairTrade y Basic, la Unión Europea es el mayor importador de bananas del mundo. La mayoría de ellas provienen de América Latina. Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, República Dominicana.Por otro lado, los mayores consumidores de bananas en Europa están en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. 

Si hasta los años '80, cinco grandes compañías productoras manejaban el 80% de los bananos del mundo, en este momento controlan solo el 39%. A nivel europeo, son las grandes cadenas de supermercados las que controlan el 50% de las ventas de alimentos. Cinco de ellas son alemanas: Schwarz/Lidl, Aldi, Edeka, Metro y Rewe. Cuatro son francesas: Carrefour, Leclerc, Auchan e Intermarché, y una es británica: Tesco.  Dado que las bananas son uno de los productos preferidos, que marca la imagen de la cadena, la competencia por el precio más bajo es feroz. Este producto de importación llega a costar hasta un 25% menos que una manzana de producción local.

¿Qué significa esto, a fin de cuentas, para los productores? En Ecuador, país que está entre los cinco mayores exportadores del mundo, un tercio de sus productores son pequeños, poseen menos de 5 hectáreas; el 50% poseen más de 10 hectáreas. La presión de los precios que ponen los exportadores les dejan un margen mínimo para asegurar la supervivencia de la producción.

A merced del abuso

Pero no eso no sucede solo en América Latina. "Nosotros  hemos perdido como pequeños y medianos productores. Si antes percibíamos un 50% del precio final, hoy, en general, es menos de un 23%”, explica a DW, por su parte, Andoni García, miembro ejecutivo de la Coordinadora de Agricultores y Ganadores del Estado Español (COAG).

"Los operadores más fuertes de la cadena –a veces la industria agroalimentaria y otras veces la distribución- son los que han ganado con la desregulación de los mercados”, sigue García quien también es miembro de Vía Campesina. En su opinión, esta propuesta de directiva es buena en cuanto la Comisión Europea ha reconocido la necesidad de actuar ante los abusos.

No obstante, la directiva se queda corta ante las necesidades: "Es necesario que se ponga freno a la venta a por debajo del coste de producción de los agricultores”, añade García. Además, en su opinión, es problemático que no sea un reglamento sino una directiva, ya que cada país miembro de la UE "la puede implementar como mejor le parezca".

Spanien Andoni García (VíaCampesinaEurope)

Andoni García, miembro ejecutivo de la COAG/España

"Alfombra de retazos”

"Desde hace algunos años, España tiene la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) donde los agricultores podemos denunciar de forma anónima las prácticas de abuso”, sigue el representante de la COAG. En este momento hay 24 países de la unión que tienen algún tipo de instancia, cuatro que no tienen nada (Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Malta). 

El especialista de FairTrade también ve mejoras a hacer en la directiva: "Querríamos ver una instancia coordinadora en el seno de la Comisión Europea, pues dado que el mercado europeo es único y son cadenas europeas no sería de asombrarse que en el país en donde las medidas restrictivas de las UTPs sean menos estrictas se ubiquen los compradores. También querríamos ver ampliado el espectro de quienes pueden denunciados: no sólo los grandes sino todo el que opte por UTPs. No olvidemos que existen exportadores, intermediarios y alianzas entre compradores”, detalla Möhringer.

Finalmente, unificar esta "alfombra de retazos” pasa también por introducir un sistema de multas."Estamos hablando de un mercado europeo único, donde el movimiento de la producción es europea y son cadenas europeas, así que lo que necesitamos es un reglamento europeo”, insiste García.

Cabe resaltar que la propuesta de Comisión puede aún cambiar mucho hasta que sea aprobada en el Consejo. "Que las autoridades nacionales puedan llevar a cabo investigaciones protegiendo la identidad del demandante”, querría ver Möhringer en la versión final. "Que se plantee la contractualización obligatoria: que sepamos a qué precios estamos vendiendo y cuándo vamos a cobrar”, querría incluir García.

Autora: Mirra Banchón (CP)

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