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América Latina

Opinión: Una profunda crisis moral

Nada justifica la adopción premeditada de medidas que pueden llevar al país al caos y agravar aún más el ya lamentable desempeño de la economía brasileña, opina Rodrigo Rimon Abdelmalack.

El hielo comienza a derretirse en Brasilia. Después de varios meses de amenazas, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un proceso de destitución contra Dilma Rousseff. Que sea precisamente Cunha el encargado de dar ese revés a la presidenta elegida democráticamente de Brasil, es una ironía de la historia. A punto de enfrentar un proceso ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados por estar presuntamente involucrado en el esquema de corrupción de Petrobrás, Cunha claramente (ab)usó (d)el poder para salvar su propio pellejo.

No es ninguna coincidencia que haya aceptado iniciar el juicio con miras al proceso de destitución precisamente el mismo día en que el PT anunció que votaría a favor de admitir las investigaciones en su contra. Un toma y daca en toda regla. Cunha asegura que no. En Facebook dice que fue una “respuesta a la voz de las calles” y a las protestas de marzo, abril y agosto. Teniendo en cuenta que estamos en diciembre, es un retraso algo extraño en un político capaz de maniobrar ágilmente cuando le conviene.

Más que poner el foco sobre las acusaciones contra Dilma, la situación muestra la nocividad de un político que encarna a la perfección la crisis moral en la que se encuentra sumida la política brasileña. En primer lugar, porque contra Dilma no hay pruebas de que haya participado en actividades ilícitas, a pesar de la exhaustividad con la que se ha llevado a cabo la investigación Lava Jato. A diferencia de Cunha, contra quien hay pruebas de cuentas en Suiza y malversación de fondos.

Deutsche Welle Brasilianisch Rodrigo Rimon Abdelmalack

Rodrigo Rimon Abdelmalack, redactor jefe de DW Brasil.

Además de eso, la aprobación del Congreso del proyecto de ley que altera el objetivo fiscal de 2015, considerada fundamental para evitar el Gobierno incumpla la Ley de Responsabilidad Fiscal, es una señal de que Dilma está caminando, aunque lentamente, para restituir su base de apoyo. Precisamente, los autores del proyecto de destitución basan su acusación en delitos de responsabilidad fiscal. Dilma puede –y debe- confrontar las demandas por haber adoptado una agenda política contraria a la que de ella esperaba su electorado. Eso explica, ciertamente, su baja popularidad. Pero la baja popularidad no es un crimen.

En el caso de Cunha, es necesario cuestionar su credibilidad si queremos restaurar la dignidad política brasileña. Quizá la decisión haya sido fruto del aislamiento de aliados a los que no quedó otro remedio que dar un apoyo que se ha vuelto insostenible a un político. O tal vez es mera venganza de un político sin principios, a pesar de que en la Cámara pregona su moralidad religiosa.

Nada de eso justifica, sin embargo, la adopción premeditada de medidas que pueden llevar al país al caos. Como si un proceso de destitución no amenazase con agravar aún más el ya lamentable desempeño económico brasileño. Pero tal vez esta catarsis era necesaria para que el país encontrara la salida del agujero. Falta saber cómo va a manejar el caso la oposición, esa oposición que eligió a Cunha como presidente de la Cámara con el fin de limitar la gobernabilidad de la presidencia. Y está por ver si el PT es capaz de recomponer su base de apoyo, a fin de garantizar los votos necesarios para interrumpir el proceso. Y todo eso, a su vez, dependerá de la voz de las calles. Brasil se encuentra ante momentos decisivos.


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