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Venezuela

Opinión: El lento ocaso del chavismo

Las acciones ejercidas en las últimas semanas por la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, constituyen un nuevo capítulo en el complicado ajedrez institucional en que se ha convertido la política venezolana.

El pasado 17 de mayo, la Fiscal venezolana envió una comunicación a la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que enumeraba las razones por las cuales se opone a la convocatoria de una "asamblea nacional constituyente ciudadana". Entre otros aspectos, Luisa Ortega Díaz criticaba la forma en que se llevó a cabo la convocatoria, sin consultar al pueblo, y amenazando con desconocer los derechos consagrados en la Constitución de 1999. La Fiscal puntualizaba lo que es obvio para cualquier observador imparcial: que la actual crisis venezolana no requiere sancionar una nueva constitución. Y que este llamado, lejos de solucionar la crisis, amenaza seriamente con agravarla. 

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Ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a acoger las críticas de la Fiscal –que son, en resumen, las críticas del país–, Ortega Díaz se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, para solicitar la anulación de la convocatoria realizada por el presidente. Y ante la inmediata negativa del Tribunal Supremo, que en la práctica funciona como bufete privado de Maduro, acaba de solicitar un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal, "por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación", previsto en el Código Penal y la propia Constitución venezolana.

La Fiscal ya había acusado anteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de aupar una política que condujo a una ruptura del orden constitucional, tras producir las famosas sentencias 155 y 156, que disolvieron el parlamento venezolano y oficializaron la dictadura de Maduro. Con ello, Luisa Ortega Díaz, quien hasta ese momento había sido una pieza clave del oscuro dispositivo institucional organizado a lo largo de casi dos décadas por el chavismo, produjo una inmensa fractura en el ya debilitado gobierno de Maduro, cuyas consecuencias aún están por verse.

La Fiscal, por supuesto, no actúa en soledad, sino que representa desde las más altas esferas del poder a una porción de la disidencia chavista. Un movimiento  absolutamente invisibilizado en el discurso oficial, y poco dado a dejarse retratar en los medios de oposición, por lo que sólo encuentra expresión en las redes sociales y algunos espacios menores de comunicación a su alcance.

Manuel Silva-Ferrer

Manuel Silva-Ferrer, investigador venezolano radicado en Berlín.

Estos grupos disidentes encabezados ahora por la Fiscal, que finalmente parecen comenzar a deslindarse de la enorme maquinaria oficial, no dejan de ser tremendamente contradictorios, aunque coherentes con un cierto habitus del comportamiento chavista. Ya que al mismo tiempo que representan una parte del descontento popular, son, en gran medida, correligionarios de una especie de dogmatismo místico que los lleva a desconocer sin rubor alguno las causas reales de la tragedia venezolana de la cual ellos son víctimas directas.

Son, tal como la Fiscal Luisa Ortega Díaz, abnegados defensores de lo que se denomina popularmente "el legado de Chávez".  Admiradores furibundos del difunto comandante, para quienes las causas del hundimiento del país son totalmente ajenas a su delirante gestión, y sólo achacables a los posteriores reacomodos de Nicolás Maduro, "la guerra económica", o la caída de los precios del petróleo.

No obstante, para bien o para mal, estos grupos serán fundamentales en la nueva etapa de transición que vive Venezuela. Una transición en la que todavía no está muy claro si el lento ocaso del chavismo conducirá a una recuperación de la democracia. O si, por el contrario, el fracaso del experimento revolucionario financiado por el petróleo, conducirá a la consolidación de un nuevo régimen dictatorial en la historia de América Latina.

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