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América Latina

ONG reporta aumento de ataques a periodistas en México

En más de 40 por ciento de los ataques físicos o cibernéticos a la prensa mexicana estuvieron involucrados funcionarios, afirma Artículo 19 en un informe dado a conocer este miércoles.

Las agresiones contra la prensa en México aumentaron un 21,8 % en 2015 respecto a 2014, con siete muertos y 397 casos, uno cada 22 horas, según un informe de la ONG Artículo 19, que revela que en el 41,5 % de los ataques hubo funcionarios implicados.

Estas cifras son una muestra "clara de la gravedad de la situación: las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y de información, así como las agresiones a periodistas, van de la mano de la ausencia de voluntad por parte del Estado y la consecuente impunidad", señaló la organización en su informe anual.

De los 397 casos registrados, 165 fueron protagonizados por funcionarios, seguidos por 78 actos de particulares, 35 del crimen organizado, 34 de partidos y 85 sucesos en los que no se pudo identificar el agresor.

En 2015 murieron siete periodistas en el país, frente a los seis casos registrados en 2014 y a los cuatro de 2013, en el que supone el año más mortífero para la prensa en México desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto a finales de 2012, según Artículo 19.

Destacó la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa junto a cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, en un brutal asesinato cometido en la Ciudad de México.

Tanto Vera como Espinosa habían denunciado amenazas y afirmado que temían por su vida por su labor en el oriental estado de Veracruz, de donde huyeron meses antes del crimen.

La organización resaltó "la saña" con la que fueron cometidos los siete homicidios y la "falta de voluntad política de las autoridades para prevenir" estos delitos.

En total, desde 2009 hasta 2015 murieron 55 comunicadores, convirtiendo el país en uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Muertes y desplazamientos forzados

Además de las siete muertes del pasado año, se contaron cinco desplazamientos forzados, una desaparición a manos de fuerzas de seguridad públicas que derivó en un asesinato, siete allanamientos a domicilios de periodistas y 37 casos de privación ilegal de la libertad.

También se perpetraron 109 ataques físicos/materiales, 84 amenazas y 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, entre otras agresiones.

En este escenario, cabe señalar el aumento de ataques dirigidos contra mujeres periodistas, 84 casos en 2015, el 21 % del total y superior al 19 % del año anterior.

Sobresalió el caso de Luisa Velázquez, comunicadora y activista feminista, quien desde octubre de 2014 ha sido víctima de amenazas en las redes sociales.

La autoridad, omisa

Titulado M.I.E.D.O. (Medios.Impunidad.Estado.Democracia. Opacidad), el informe identificó el mayor número de agresiones en la Ciudad de México y Veracruz (67 cada uno), Guerrero (56), Puebla (38) y Oaxaca (35).

En esos estados "el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo", aseveró Artículo 19.

En otras zonas antes tranquilas como Guanajuato se pasó de una agresión por año en 2013 y 2014, a 13 en 2015, entre ellas un asesinato.

Además de los contextos específicos locales, hubo dos situaciones de ámbito nacional con agresiones a la prensa: las elecciones celebradas en junio de 2015 y las protestas sociales.

Artículo 19 también calificó de "notorio" el aumento de ataques contra medios de comunicación: se contabilizaron 69 casos, de los cuales 30 fueron cibernéticos, en su mayoría contra medios digitales.

En algunos casos, explicó la ONG, los ataques cibernéticos se basan en bloquear ciertas páginas saturando el portal con visitas masivas.

En ese contexto, las medidas creadas para la protección de periodistas "no sólo no han significado un remedio, sino que su deficiencia nutre la impunidad y el clima de miedo reinante".

La ONG destacó "la inacción y omisión" de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la falta de respuestas y recomendaciones claras del ombudsman mexicano y del Mecanismo para la Protección de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que propuso acciones "contraproducentes".

EL(efe, Artículo 19)

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