Narcotráfico: motor de la usurpación de tierras en Colombia
27 de mayo de 2011
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En el mundo hay unos 200 millones de consumidores de drogas. Ésto equivale al 4,8% de la población mundial. “El 0,7% de esos consumidores son alemanes”, dice la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC), que dirige el ruso Yuri Fedotsov y que tiene su sede en Viena. Doscientos millones de personas que llenan año tras año los bolsillos de los narcotraficantes con 320 mil millones de dólares.
En Colombia, los narcotraficantes son, a menudo y a la vez, guerrilleros, paramilitares y/o criminales comunes que, para crear corredores de transporte de cocaína, sacan con violencia a los pobladores de zonas como Urabá. Esta es una región codiciada por su geoestratégica ubicación al noroccidente de Colombia, por la cual sacan narcóticos a través del Istmo de Panamá con dirección a México, Estados Unidos y Europa.
BACRIM: nuevo término, viejos criminales
El auge de los paramilitares en la década de los 90 agravó el desplazamiento. ¿La razón? “La guerra entre paramilitares y la guerrilla por el control sobre territorios para el narcotráfico”, dice a Deutsche Welle Gerardo Vega, de las ONGs Tierra y Vida y Forjando Futuros. En calidad de abogado, Vega representa a víctimas del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia, al que pertenece Urabá, una de las 13 zonas de las que las BACRIM delinquen. BACRIM es el nuevo término para las bandas criminales resultantes de la guerrilla, paramilitares y otras estructuras mafiosas.
“Se trata de 5.500.000 de hectáreas de tierra robadas”, calcula CODHES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. La contraloría de Colombia habla incluso de 6 millones de hectáreas de tierras usurpadas a campesinos, a menudo con la ayuda de funcionarios oficiales. Un territorio de las dimensiones un país alpino. “Es como si se borrara del mapa a Suiza con 870.000 familias”, concluye Gerardo Vega en la sede de Forjando Futuros, en Medellín.
Funcionarios legalizaron desalojo
Sólo en 2010 perdieron en Colombia 280.000 personas sus parcelas cultivables porque funcionarios expidieron títulos falsos a narcotraficantes o les sirvieron de testaferros para suplantar a los criminales detrás de las violaciones de derechos humanos.
En Urabá hubo, según reporte citado por la revista Semana, “una oficina clandestina para legalizar el despojo”. Dicha central del crimen estaba asentada justamente en el ente que vela por la legalidad de las tierras de los campesinos, el Incoder o Instituto Colombiano para Desarrollo Rural.
La restitución de tierras robadas por el narcotráfico es un tema de máxima prioridad en Colombia, cuando por estos días se debate en el Parlamento una Ley de Víctimas que, por primera vez, reconoce oficialmente la existencia del conflicto armado y que, por lo tanto, tendría en cuenta a las víctimas de todos los agentes de violencia.
Las deudas con las víctimas
“La principal deuda con los desplazados en Colombia está en que les devuelvan los bienes que les arrebataron”, precisa Gerardo Vega, quien agrega que “la otra gran deuda del Estado colombiano es la identificación y castigo de los financiadores del paramilitarismo degenerado en narcotráfico y que impulsó las violaciones de los derechos humanos en Colombia”.
Entre los financiadores de la violencia, y por ende, de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, se cuentan empresas colombianas y extranjeras que, bajo amenazas, pagaban tanto a guerrillas como a grupos paramilitares cuotas mensuales para que los dejaran trabajar. Documentos de la multinacional bananera Chiquita Brands, desclasificados por el National Security Archive, de Estados Unidos, muestran que “la empresa hizo pagos a organizaciones guerrilleras y paramilitares clasificadas como terroristas a cambio de seguridad”, como revela Michael Evans, en el portal investigativo Verdad Abierta. Por dicho apoyo al crimen en Colombia Chiquita Brands pagó una multa por 25 millones de dólares al fisco estadounidense. Víctimas colombianas de los grupos apoyados por Chiquita Brands preparan sendas demandas contra esa multinacional en estrados internacionales.
Entre los financiadores de los autores de las violaciones de los derechos humanos en Colombia se encuentra también el consorcio alemán Mannesman, cuyos pagos ilegales literalmente resucitaron al grupo guerillero ELN, responsable de cientos de voladuras de los oleoductos nacionales. “En 1984 la Mannesman Anlagenbau A.G. pagó al grupo terrorista ELN entre 2 y 6 millones de dólares para parar hostigamientos durante la construcción del oleoducto El Limón-Coveñas”, reseña Alexandra Guáqueta, en Colombia Internacional, revista de la Universidad de los Andes, con sede en Bogotá.
Líderes comunitarios en la mira de los criminales
Entre tanto, la lucha por la recuperación de las tierras robadas por los grupos ilegales en Colombia continúa y la persecución contra los defensores de los derechos de las víctimas del desalojo arrecia. Ya son 48 los líderes de las reclamaciones del despojo asesinados desde 2002 hasta mayo del 2011, según CODHES.
El recrudecimiento de la persecución contra los reclamantes de tierras tiene una razón: el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene previsto recuperar 2,5 millones de hectáreas robadas para entregárselas a los campesinos. “Hasta marzo del 2011 hemos entregado ya 300.000 hectáreas de tierra a comunidades negras e indígenas”, dice Jennifer Mujica, coordinadora del programa de Restitución de Tierras, del ministerio colombiano de Agricultura.
Alemania pone un ojo en la lucha por los derechos
Alemania, Francia y España apoyan el trabajo humanitario, jurídico y social a las víctimas. Los embajadores de Alemania en Colombia, Jürgen Mertens y de Francia, Pierre-Jean Vandoorne, se unieron en 2010 para crear un premio que lleva el nombre del traductor de la primera Carta de los Derechos Humanos al castellano, Antonio Nariño. La primera galardonada fue justamente la presidenta de la Asociación Tierra-Vida, Carmen Palencia, por su trabajo en favor de los desplazados de la región de Urabá.
Las esperanzas están ahora puestas en la Ley de Víctimas, actualmente en debate, con la que se busca parar las violaciones contra el derecho a tener un techo y un sustento dignos. El freno o extinción del desplazamiento forzado y el narcotráfico como problemas medulares de la sociedad colombiana, depende en últimas de la respuesta del Estado y su capacidad de garantizar seguridad y protección, salud, trabajo, educación y vivienda.
El líder comunitario Carlos Ancízar tiene su propio diagnóstico de la crisis humanitaria en Colombia: “El desplazamiento es un circulo vicioso de destrucción social; de pérdida de la dignidad; de los derechos. Somos atrapados por una espiral de pérdida de la cultura. Así perdemos todos como pueblo.”
Autor: José Ospina-Valencia
Editora: Emilia Rojas
Editora: Emilia Rojas
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