Marihuana: Uruguay acusado de violar tratado internacional | América Latina | DW | 11.12.2013
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América Latina

Marihuana: Uruguay acusado de violar tratado internacional

Según la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU, Uruguay viola un tratado global vinculante de 1961 al despenalizar el cultivo y la venta de marihuana en su territorio.

Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo este miércoles (11.12.2013) en Viena que Uruguay viola un tratado global vinculante del año 1961 al despenalizar el cultivo y la venta de marihuana en su territorio. Yans alude a la legislación que el Senado de ese país sudamericano aprobó este 10 de diciembre con miras a combatir el tráfico ilegal de drogas y sus efectos colaterales.

El convenio internacional que Uruguay contraviene con su nueva normativa sólo aprueba el consumo de canabis con fines terapéuticos o científicos. A juicio de Yans, la nueva ley uruguaya “no protegerá a los jóvenes, sino que más bien tendrá un efecto perverso al incentivar la experimentación temprana y reducir la edad en que la marihuana se prueba por primera vez, propiciando los problemas de desarrollo y la aparición temprana de adicciones y desórdenes”.

El Gobierno de José Mujica, promotor de este cambio de paradigma en la lucha contra los carteles del narcotráfico, ya se había visto confrontado con el argumento del presidente de la JIFE; la oposición uruguaya no ha dejado de advertir que la legalización de la marihuana supone riesgos demasiado grandes para el tejido social del país. De ahí que la Junta Nacional de Drogas (JND) insista en aclarar que la nueva ley “no libera, sino que regula el mercado" de la marihuana en Uruguay.

“La ley regula el mercado que ya existe”

Junta Nacional de Drogas de Uruguay: “la ley regula el mercado que ya existe”.

Junta Nacional de Drogas de Uruguay: “la ley regula el mercado que ya existe”.

“La ley regula el mercado que ya existe”, subrayó Julio Calzada, titular de la JND, una institución que funciona en la órbita de la presidencia de Uruguay y que gestiona los temas relacionados con las drogas. La nueva norma “es una herramienta orientada a la desestructuración del mercado ilegal que tanto daño causa”, agregó Calzada, aludiendo no solamente a los perjuicios que el abuso en el consumo de drogas le causa a una persona y a su entorno, sino también a la violencia criminal que el tráfico ilegal de drogas trae consigo.

Sin embargo, Yans acusa a los promotores de la nueva ley de ignorar evidencia científica sobre los peligros que el consumo de marihuana entraña para la salud. Yans también sostiene que la esperanza de reducir el crimen asociado a la distribución y venta de la marihuana se basa sobre “asunciones precarias y mal fundamentadas”. Cinco equipos interministeriales están trabajando para ajustar detalles de la implementación de la ley, que todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Oposición presentará recursos de inconstitucionalidad

Acusan a promotores de la nueva ley de ignorar evidencia científica sobre los peligros del consumo de marihuana.

Acusan a promotores de la nueva ley de ignorar evidencia científica sobre los peligros del consumo de marihuana.

Calzada explicó que habrá que organizar licencias para producir, almacenar, distribuir y expender canabis para autocultivadores, para los clubes de consumo privado y para el uso medicinal de la marihuana. Aunque la ley aún no está vigente, a partir de este miércoles (11.12.2013) ya no se penalizará a quienes tengan plantas de canabis en sus casas para el consumo personal, siempre que no superen las seis unidades o los 480 gramos y que demuestren que no las van a comercializar.

En el primer trimestre del año entrante se procederá a las primeras licitaciones para conceder licencias. Ya se informó que una empresa estadounidense expresó su intención de radicarse en Uruguay. La oposición uruguaya anunció que presentará recursos de inconstitucionalidad contra la ley y el precandidato presidencial del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, prometió que si gana las elecciones de 2014, derogará la ley aprobada por el Gobierno de Mujica.

ERC ( dpa / AFP )

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