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América Latina

México: piden investigar a la cadena de mando en los casos Tlatlaya y Calera

La reciente desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, demuestra, al igual que en el caso Tlatlaya hace un año, la necesidad de investigar no sólo la autoría material, sino a los responsables jerárquicos.

Medios mexicanos se hacen eco de un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que reconoce que militares estuvieron involucrados en la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, Zacatecas, el pasado 7 de julio. "Por lo menos cuatro de ellos fueron encontrados días después muertos de un tiro en la nuca", afirma el semanario Proceso.

La Sedena, reconoció que "hay indicios de que hubo una probable participación militar" por lo que la Procuraduría de Justicia Militar remitirá el desglose de la averiguación iniciada por este caso a la Procuraduría General de la República (PGR). El comunicado advierte de que "la Sedena es la primera interesada en que se sancione a aquellos elementos que actúen fuera de la ley sin importar jerarquía, cargo o comisión".

Reforma al fuero militar

Mario Patrón, director del Centro Pro DH, cita la reforma de noviembre de 2014 al artículo 57 del código de Justicia militar. Anteriormente en estos casos se aplicaba el fuero militar. El experto recuerda que la reforma ha sido bajo instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuatro de los seis casos por violaciones a los derechos humanos en México que han llegado a la CIDH, tienen que ver con violaciones graves de las fuerzas armadas, por lo que esta Corte instó al Gobierno mexicano a acotar el fuero militar.

"Tras la reforma todos los casos como el ocurrido en Calera, o en Tlatlaya, o cualquier caso en donde se acuse a militares de violar los derechos humanos tiene que ser conocido por el fuero ordinario. Por eso estamos viendo que en el caso de Calera, la Procuraduría militar remite un desglose a la PGR", explica Patrón.

Investigar cadena de mando militar

El director de Pro DH, organización que representa a una de las sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, señala que los hechos de Calera son muy preocupantes. "Se trata de la detención de siete personas de las que, lejos de ser puestas a disposición de las autoridades competentes, como en cualquier Estado de Derecho, han aparecido sus cuerpos, algunos de ellos con rastros de ejecuciones extrajudiciales. Casos como el de Calera hacen vigente nuestra solicitud de investigación sobre las órdenes militares".

Por su parte, para el experto en narcotráfico y crimen organizado Raúl Benítez Manaut, la matanza de Tlatlaya, ocurrida hace un año, ha puesto al Ejército mexicano en la mira de muchos organismos internacionales y organizaciones civiles. "Acusan al ejército de no dar un trato a los delincuentes conforme a la ley, que no hay respeto por su vida, que son abatidos cuando se rinden y que las investigaciones judiciales no están bien hechas".

Masacre de Tlatlaya

En la madrugada del 30 de junio de 2014 ocho militares se enfrentaron a supuestos criminales detectados en un reconocimiento de rutina en una bodega en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México. En total fueron asesinados 22 civiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que "15 personas fueron ejecutadas, que el lugar de los hechos fue alterado, algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo". Hoy en día los ocho militares que participaron en la matanza están presos.

A un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro Pro DH publicó un informe que documenta la existencia de una orden militar emitida unas semanas antes de la masacre, en la que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos a "abatir a los delincuentes en horas de oscuridad“" Según Patrón, "en todos estos casos se tendría que investigar no sólo la autoría material de los militares, sino también la responsabilidad en la cadena de mando".