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América Latina

“Las políticas dominicanas han sido evaluadas injustamente”

Josué Fiallo, emisario de República Dominicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, refuta las críticas articuladas contra las políticas del Estado antillano para la regularización de extranjeros.

República Dominicana viene sintiendo la presión de la comunidad internacional desde 2013, cuando su Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC 0168-13, que priva de la ciudadanía dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos a partir de 1929. Organismos multilaterales criticaron ese fallo, argumentando que convertía en apátridas a por lo menos tres generaciones de dominicanos de origen haitiano. El veredicto ha sido descrito como fruto del racismo institucionalizado prevalente en el país antillano.

Mireille Fanon-Mendès France, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, señaló que los afectados por el fallo en cuestión han tenido dificultades para obtener los documentos requeridos para participar en los procesos de regularización y repatriación, y que la falta de información ha atizado el temor de muchos de ellos a las “deportaciones intempestivas”. Fanon-Mendès France denunció que miles de personas habían sido expulsadas violentamente de República Dominicana.

En entrevista con DW, Josué Fiallo, enviado especial de República Dominicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, refuta esas imputaciones.

Deutsche Welle: Sr. Fiallo, ¿por qué difieren tanto las versiones sobre las políticas de regularización de extranjeros de República Dominicana y sobre sus implicaciones para los inmigrantes haitianos y sus descendientes?

Josué Fiallo, enviado especial de República Dominicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Josué Fiallo, enviado especial de República Dominicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Josué Fiallo: La complejidad del sistema legal que rige todo lo relacionado con la ciudadanía en República Dominicana ha dado pie a interpretaciones muy diversas. A eso se suma que, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional [realizado el 23.9.2013, n. de la r.], el Gobierno dominicano tardó mucho en corregir los malentendidos porque no tenía a mano la información relevante para ello. Eso permitió que florecieran todo tipo de especulaciones sobre la materia.

Por otro lado, al participar en varios eventos donde el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas ha expuesto sus preocupaciones, constaté que su perspectiva de la cuestión se ha quedado anclada en septiembre de 2013. Ni sus miembros ni los de otras ONG extranjeras han evaluado de una forma justa las políticas públicas que el Gobierno dominicano ha implementado desde hace dos años.

¿A qué políticas públicas se refiere exactamente?

El 30 de noviembre de 2013, el presidente Danilo Medina puso en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular. En marzo de 2014 entró en vigor la Ley 169-14 que norma la situación de las personas nacidas en territorio dominicano, cuyos padres son extranjeros en condición migratoria irregular. Y a partir de junio de 2015 se comenzaron a aplicar otras políticas públicas, como la concesión de permisos de residencia permanentes a los trabajadores extranjeros del sector azucarero, por ejemplo.

Mireille Fanon-Mendès France le echa en cara al Estado dominicano el hecho de desestimar el racismo y la xenofobia como fenómenos arraigados en su territorio; formas de discriminación estructural que cabría considerar al analizar por qué tantos haitianos y descendientes de haitianos han estado indocumentados por tanto tiempo…

Creo que quienes hacen ese tipo de afirmaciones lo hacen por desconocimiento o con intenciones malsanas; ese señalamiento parte de una premisa equivocada, porque mezcla de nuevo dos grupos que debemos separar: los extranjeros que entraron a República Dominicana irregularmente –provenientes de unos 97 países distintos– y los hijos de extranjeros nacidos en el país.

La documentación de los inmigrantes irregulares no le compete al Estado dominicano, sino a sus respectivos países de origen. Y, en lo que respecta a las personas de origen extranjero nacidas en territorio dominicano: a algunas les corresponde la nacionalidad dominicana y a otras no; eso depende del estatus migratorio que tenían sus padres cuando ellas nacieron.

La Ley 169-14 ofreció dos posibilidades a los hijos de extranjeros nacidos en el país. La primera: acceso a la nacionalidad dominicana para quienes fueron presentados ante el Registro Civil, a pesar de que no tenían derecho a ello, según la Constitución. Y la segunda: un corredor legal para que quienes no fueron presentados oficialmente por sus padres puedan naturalizarse [ese proceso duró 180 días, hasta el 28.2.2015, n. de la r.].

A los últimos se les pidió que presentaran uno de tres documentos con miras a apoyar sus respectivas solicitudes de naturalización: un certificado de nacimiento, expedido por el hospital donde tuvo lugar el alumbramiento; una declaración jurada del profesional que asistió en el proceso de parto; o una declaración jurada de varias personas que hayan sido testigos del nacimiento.

Usted es el enviado especial de República Dominicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. ¿Percibe usted que las divergencias se estén disipando?

La semana pasada sostuve encuentros con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con varias ONG. Y antes de eso me reuní con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). Hay avances en la discusión sobre la calidad del análisis cuantitativo que se ha hecho de la situación migratoria en República Dominicana. Santo Domingo ha expresado su preocupación por las metodologías aplicadas para medir los efectos de las naturalizaciones y deportaciones.

Algunas cifras han sido magnificadas desproporcionadamente. Nuestros interlocutores en Ginebra están conscientes de que la información que ellos reciben desde el terreno a veces amerita una verificación exhaustiva y están dispuestos a hacer correcciones. Algunas organizaciones no gubernamentales se han dado a la tarea de generar falsas alarmas. Los desaguisados denunciados por estas organizaciones son incidentes escasos y aislados que han creado mucho ruido en torno al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros dominicano. Y eso no ayuda al proceso que estamos desarrollando.