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América Latina

"Las 54.000 fojas no son una cura para Ayotzinapa"

La Procuraduría General de México publicó el domingo 54.000 fojas del expediente sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero esos datos no contribuyen a aclarar el caso, dice experta.

Protestas en México por la desaparición de los 43 estudiantes. (Archivo).

Protestas en México por la desaparición de los 43 estudiantes. (Archivo).

En la página de la Procuraduría General de Justicia de México (PGR) o Fiscalía mexicana se puede acceder desde ayer, domingo 11.10.2015, al expediente de las investigaciones en torno al Caso Ayotzinapa, que está integrado por alrededor de 54.000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. Por decisión de la Procuradora General de México (fiscal), Arely Gómez, como respuesta a diversas solicitudes, los tomos de las investigaciones fueron puestos a disposición de la opinión pública para su consulta en Internet. En un recuadro se resalta el acceso a través de Twitter a @PGR_mex, desde donde se puede abrir directamente el Expediente del Caso Iguala. Luego de una breve introducción, aparecen los enlaces a las 54.000 fojas en formato PDF.

Este despliegue de información por parte de la Procuraduría General mexicana podría hacer pensar que esta medida del Gobierno mexicano es un paso importante, incluso una “medida ejemplar” hacia una mayor transparencia, cuyo objetivo es el esclarecimiento total de la desaparición de los 43 estudiantes.

Ana Lilia Pérez, periodista de investigación y escritora mexicana.

Ana Lilia Pérez, periodista de investigación y escritora mexicana.

La difusión de este expediente es, sin duda, un hecho inédito, “más aún teniendo en cuenta la falta de transparencia con que manejan sus investigaciones las autoridades mexicanas”, dijo Ana Lilia Pérez, periodista de investigación y especialista en casos de narcotráfico, corrupción y trata de personas, autora de varios libros, entre ellos, Mares de cocaína, en entrevista con DW. “Sin embargo, más que 'un ejemplo' de transparencia, creo que la difusión de este expediente pretende validar la versión de la PGR sobre el caso, frente al descrédito que esta autoridad tiene frente a la ciudadanía y a organismos y organizaciones no gubernamentales, y sobre todo frente a los padres de las víctimas.” A pesar de que, según la PGR, la información clasificada fue verificada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar "el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos y presuntos responsables", Ana Lilia Pérez subrayó que los representantes de los familiares de las víctimas ya advirtieron, empero, que la “exposición pública de algunos de esos datos los pone en riesgo”.

Tachaduras en los documentos

Al leer las fojas de investigación llaman mucho la atención las numerosas tachaduras que, se supone, se hicieron para proteger los datos personales de los implicados. Pero, según Ana Lilia Pérez, estas no obedecen a ese fin: “Por experiencia en otro tipo de indagatorias de las que he obtenido versión pública, los funcionarios del Gobierno mexicano hacen una selección de la información que quieren que se haga pública, es decir, tachan lo que quieren ocultar, muchas veces sin que esto tenga nada que ver con la difusión de datos personales, que son los únicos datos que por ley se deben omitir.” Pero si quisiera ocultar los hechos, ¿por qué la PGR se tomaría el trabajo de colocar 54.000 fojas en Internet? De acuerdo con la periodista, la Fiscalía General de México intenta de este modo que esta versión de los hechos “corresponda con la versión del procurador ya destituido, de la cual se ha demostrado que tiene muchas incongruencias”.

“Publicación tiene carácter mediático”

La publicación, dice Ana Lillia Pérez, “tiene carácter mediático, frente a la falta de credibilidad de la PGR y ante la serie de incongruencias que detectaron los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).” Es decir que, en su opinión, la publicación de 54.000 fojas no contribuye a esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa: “Lo que se está promoviendo es la versión 'a modo' de la PGR sobre los hechos, y se basa en declaraciones que en el expediente se están difundiendo en una selección hecha por la propia PGR”, puntualiza.

La búsqueda de la verdad continúa

¿Está tratando el Gobierno mexicano de sacarse el tema de encima, de tranquilizar los ánimos de los padres, familiares de las víctimas y asociaciones de DD. HH., así como de la opinión pública internacional? ¿O es este el inicio de una nueva etapa que aporte más claridad sobre las desapariciones de los estudiantes? Ana Lilia Pérez insiste en que se trata de una “difusión selectiva” de información: “La PGR busca que se dé como válida su versión, lo que hace suponer que oficialmente tampoco se buscará otro tipo de investigaciones”, advierte.

Sin embargo, el 8 de octubre, las autoridades mexicanas anunciaron que, próximamente, un grupo internacional de peritos independientes hará nuevos estudios en el basurero de Cocula para determinar si los estudiantes pudieron haber sido calcinados ahí. Asimismo, según informan este lunes (12.10.2015) algunas agencias, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional buscar y, en su caso, entregar los documentos que contengan información de comunicaciones mantenidas con el Gobierno de EE. UU. sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y la muerte de seis personas en septiembre de 2014. Al respecto, la periodista cree que si existieran tales documentos y se dieran a conocer, podrían aportar más claridad al caso: “Pueden ser muy relevantes, ya que tradicionalmente en México la Secretaría de la Defensa Nacional maneja información clave en casos de alto impacto, y sin duda que el caso Ayotzinapa lo es. También es cierto que las autoridades mexicanas comunican muchos casos graves de manera directa a autoridades del Gobierno estadounidense”. Se espera, por tanto, que esos estudios aporten nuevos conocimientos que ayuden a aclarar el caso.

La desaparición de los 43 estudiantes es el caso más grave que ha enfrentado el Gobierno de Enrique Peña Nieto y uno de los casos más graves en la actualidad a nivel mundial, que implica graves violaciones a los derechos humanos y exhibe la vulnerabilidad de la ciudadanía mexicana. Según Ana Lilia Pérez, es fundamental seguir escuchando las voces de los padres de las víctimas, que los reclaman con vida, y exigir investigaciones independientes con expertos internacionales. Y sobre la publicación del expediente, subraya que “las 54.000 fojas son solo papel, no son una cura para el caso Ayotzinapa, que sigue como una herida abierta, no solo para los padres de los 43 estudiantes, sino para toda la sociedad mexicana.”

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