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El Mundo

Impugnan bloqueo a decretos migratorios de Obama

Un recurso de emergencia interpuesto por el Departamento de Justicia tiene como objetivo que se suspenda la resolución que impide la ampliación de paquete migratorio en beneficio de cinco millones de personas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un recurso de emergencia para que se suspenda una resolución judicial emitida la semana pasada por un juez de Texas que impide la entrada en vigor de los decretos migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama.

Con la presentación de este recurso, la administración Obama trata de levantar el bloqueo temporal de los decretos migratorios de Obama que ordenó la semana pasada el juez federal Andrew Hanen del tribunal del Distrito Sur de Texas, uno de los 94 tribunales de primera instancia del sistema judicial federal de los Estados Unidos.

Esta resolución juicial impide ejecutar los decretos migratorios anunciados en noviembre por Obama hasta que no se resuelva una demanda presentada por 26 estados, liderados por Texas, contra la decisión presidencial de dar papeles temporales a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que el retraso de los programas migratorios causará "un daño irreparable" tanto a la seguridad nacional como a los cinco millones de inmigrantes indocumentados que se podrían beneficiar de los decretos migratorios anunciados por Obama.

Plazo de dos días

El recurso del Departamento de Estado le da un plazo de dos días, hasta el miércoles, al juez Hanen para que levante el bloqueo a los decretos migratorios. Los expertos no esperan que lo haga, ya que Hanen es un juez muy conservador, que fue nombrado en 2002 por el presidente republicano George W. Bush.

Si el juez Hanen rechaza la petición, el Departamento de Justicia presentará su solicitud ante el tribunal de apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans y una de las cortes más conservadoras del país.

Si dicho tribunal falla a favor de la administración Obama, los decretos migratorios podrían entrar en vigor, pero si falla en contra, el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo, el tribunal de mayor rango en Estados Unidos.

Brian Fallon, portavoz del Departamento de Estado, explicó a través de su cuenta Twitter que si el juez no levanta el bloqueo a los decretos en todo el país, al menos debería limitar la aplicación de su fallo al estado de Texas, estado que encabeza la demanda. De ese modo, los decretos migratorios podrían empezar a aplicarse en los otros estados.

¿Amnistía unilateral?

En total, 26 de los 50 estados que hay en Estados Unidos presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas contra las acciones ejecutivas de Obama al considerar que estas medidas suponen "un intento ilegal de otorgar de forma unilateral amnistía a millones de inmigrantes ilegales".

Los estados demandantes, la mayoría con gobernadores republicanos, consideran que Obama ha abusado de su potestad ejecutiva al anunciar los decretos migratorios por su cuenta, sin el Congreso.

La ampliación beneficiaría, entre otros, a padres de residentes legales en EE.UU.

La ampliación beneficiaría, entre otros, a padres de residentes legales en EE.UU.

El presidente anunció en noviembre la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que el gobierno aprobó en 2012 y del que se han beneficiado hasta ahora unos 600.000 jóvenes indocumentados, conocidos en Estados Unidos como "soñadores" o "dreamers". Y anunció la puesta en marcha de la nueva Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés).

Antes de que el juez de Texas bloqueara los decretos, estaba previsto que la ampliación de DACA comenzara la semana pasada y que el programa DAPA se pusiera en marcha en mayo. De momento, ambos programas han quedado en suspenso.

De los decretos migratorios de Obama podrían beneficiarse principalmente aquellos inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Los casi cinco millones de potenciales beneficiarios obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serán deportados durante tres años.

EL(dpa, efe)