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Europa

¿Hay presos políticos catalanes en España?

Los independentistas catalanes consideran "presos políticos" a los exmiembros del Gobierno catalán y dos líderes civiles encarcelados. Pero ¿puede haber presos políticos en una democracia avanzada como la española?

El Gobierno español pareció adueñarse de la situación tras el anunciado y temido choque de trenes del pasado 27 de octubre. Tras la votación y declaración de independencia en el Parlamento catalán, los convoyes siguen su camino. Amparado por el ya explícito apoyo de la UE, Madrid sigue fiando su actuación a la carta jurídica, con la vista puesta en las elecciones del próximo 21 de diciembre en la región. Peor parado del choque salió el depuesto Gobierno catalán: dividido, desorientado, parcialmente encarcelado y con el expresidente Puigdemont en Bélgica, a la espera de que se aclare su situación legal para ser extraditado a España.

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Los medios de comunicación alimentan la doble narrativa de la situación. Mientras los principales diarios españoles prosiguen con su poco empática campaña hacia Cataluña, los medios catalanes independistas continúan con el victimismo. La dualidad "políticos presos"/ "presos políticos" es el mejor reflejo de esa doble narrativa. El pasado sábado (11.11.2017), cientos de miles de personas salieron a las calles de Barcelona para pedir la libertad de los ocho exconsejeros del depuesto Gobierno catalán y los dos líderes civiles los "Jordis", considerados como "presos políticos" por el independentismo.

¿Desproporcionalidad judicial?

Pero ¿podemos hablar de "presos políticos" en una democracia como la española? La asociación Jueces para la Democracia lo niega. "Nuestro sistema procesal está adaptado a los estándares internacionales y, en concreto, a las exigencias impuestas por la Constitución, las directivas de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", argumenta la organización. Pero Jueces para la Democracia sí se muestra crítica hacia el encarcelamiento de los líderes catalanes: "La prisión provisional tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad, salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas durante la fase de instrucción. Hay medidas menos gravosas, como la prestación de fianza, la retirada de documentos de viaje, la vigilancia policial y las comparecencias periódicas", continúa la asociación.

Amnistía Internacional tampoco considera "presos de conciencia" a los cesados miembros del Gobierno catalán "porque son acusados de actuaciones que pueden constituir delito", pero pide "la retirada de los cargos de sedición y el fin de su encarcelamiento provisional". Por su parte, Human Rights Watch ni siquiera tiene previsto emitir una declaración sobre el asunto, como sí hizo tras los sucesos del pasado 1 de octubre, cuando las violentas imágenes de los enfrentamientos entre policías y participantes en el referéndum de independencia conmovieron al mundo.

Dudas sobre la Justicia española

El politólogo alemán Klaus-Jürgen Nagel, profesor de la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona, considera que "si reducimos de manera minimalista la idea de 'preso político' a personas que resisten a dictaduras, no los hay. Pero, si de una democracia se espera algo más, surgen las dudas. Por ejemplo, si se amenaza a independentistas pacíficos con penas que en muchos países se aplican a asesinos. En estas situaciones parece que la desproporcionalidad tenga que ver con las ideas políticas profesadas", opina Nagel.  

Sus palabras no dejan en buen lugar la actuación de la Justicia española, que ya de por sí no goza de una buena valoración por parte de sus ciudadanos, tal y como recoge la clasificación de la Justicia de la EU en su informe de 2017.

Prácticamente la mitad de los españoles valora negativamente la independencia judicial del país, a la que atribuye injerencias políticas. "El proceso de nombramiento de los fiscales, el alto grado de centralización de la fiscalía española, la ausencia total de federalización del sistema jurídico español y el hecho de que la primera instancia jurídica se encuentra en Madrid y en un tribunal fundado antes de la Constitución actual y por decreto generan dudas", prosigue el politólogo Klaus-Jürgen Nagel.

Sobre calidad democrática

Se ha llegado incluso a comparar la "brutal" Justicia española con la "civilizada" Justicia belga, que ha dejado al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en libertad: "En Europa no se trata solamente de cumplir con condiciones democráticas mínimas, sino también de la calidad de la democracia y del Estado de derecho. Con el encarcelamiento de los líderes políticos, me parece que se está intentando solucionar un conflicto político con herramientas jurídicas inadecuadas", dice Nagel.

Sin embargo, la democracia española figura como una de las más avanzadas del mundo en las más prestigiosas clasificaciones internacionales. ¿Ese lugar corre peligro por la actuación del Gobierno español hacia Cataluña? "Los índices miden lo que quieren medir, pero no siempre incluyen el reconocimiento de la plurinacionalidad", considera Nagel. "Si se entiende de manera minimalista que democracia quiere decir que la mayoría manda, también en cuestiones nacionales, obviamente no peligra la democracia en España. Las dudas empiezan si se pone el listón algo más alto, por ejemplo, incluyendo el reconocimiento de naciones minoritarias y su posible derecho a decidir como elementos de una democracia de calidad", concluye el politólogo alemán.

Autora: María Santacecilia (VT)

 

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