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Economía

Grecia y el “caso Siemens”

En Grecia comienza el juicio por lavado de dinero y soborno contra exgerentes de Siemens y empleados locales de la empresa tecnológica alemana, pero se teme que errores procesales terminen anulando la causa por completo.

Aunque el proceso judicial que ahora comienza en Grecia no involucra directamente al gigante tecnológico Siemens como persona jurídica, la prensa helena suele hablar del “caso Siemens” para hacer el cuento corto: a varios exgerentes de la compañía y empleados locales de la misma se les ha imputado lavado de dinero y cohecho. La causa gira en torno a un contrato firmado en 1997 por Siemens y la empresa estatal griega OTE para la digitalización de la red telefónica del país sureuropeo, y valorado en decenas de millones de euros.

De hecho, el trato sobresalió desde el principio como uno de los más lucrativos en los cien años de historia del capítulo griego de Siemens. Ahora está por determinarse si se recurrió a un soborno de 70 millones de euros para propiciar la suscripción del contrato en cuestión. La acusación no es una pequeñez: sobornar a un alto funcionario público es un delito grave en Grecia que puede ser castigado con prisión perpetua. 64 personas han sido llamadas a sentarse en el banquillo de los acusados; pero es poco probable que todas lo hagan.

Dos de los señalados son Heinrich von Pierer, otrora presidente del consorcio con sede en Múnich, y Michalis Christoforakos, jefe de la filial helena de Siemens. Nadie cuenta con que ellos aparezcan personalmente en el tribunal que lleva el juicio. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía helena duraron más de ocho años; fue apenas en la primavera boreal de 2015 cuando se le dio luz verde al proceso central. Y algunos temen que errores procesales terminen perjudicando la causa.

Sonado caso, final abierto

Se critica, por ejemplo, que las 4.600 páginas de la denuncia sólo estén disponibles en griego. Las autoridades justifican ese desliz alegando que, por razones de austeridad fiscal, se prescindió de la traducción al alemán, que habría costado 90.000 euros. El comentarista político Panagiotis Stathis señalaba en el sitio web Capital.gr que, por sí solo, ese detalle puede dar pie a que el proceso judicial sea declarado nulo. El derecho europeo exige que los acusados tengan acceso a las demandas en su contra en su lengua materna.

Según el diario Avgi, órgano divulgativo extraoficial de la gobernante coalición de izquierda Syriza, los defensores de los imputados podrían “recurrir al truco de posponer el juicio”, argumentando que algunos puntos del caso siguen estando por aclarar. Las tácticas dilatorias en los procesos judiciales son muy frecuentes en Grecia. Por su parte, los abogados de los exgerentes de Siemens sostienen que éstos ya fueron llevados ante las cortes alemanas y que no es legal juzgar dos veces a una misma persona por el mismo delito.

Sin embargo, la Fiscalía ateniense da por sentado que las acusaciones por esgrimir en Grecia serán muy distintas a las oídas en Alemania. Otro elemento a considerar es el arreglo extrajudicial propuesto en 2012 para poner punto final a la querella por corrupción interpuesta contra los funcionarios de Siemens en el país mediterráneo. Si el Tribunal Máximo Administrativo de Grecia avala la legalidad de ese convenio fuera de la corte, la emblemática empresa alemana podría dejar este episodio a sus espaldas.

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