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El Mundo

Gobierno de Erdogan expulsa a 15 mil funcionarios por “vínculos golpistas”

Estas medidas, que no pueden ser impugnadas ante un juez, tratan de expulsar de la Administración a todos los miembros o simpatizantes de la cofradía del exiliado Gülen, después del fallido golpe en julio.

El Gobierno de Turquía, amparado en el estado de emergencia que rige desde el intento de golpe de Estado de julio, decretó este martes (22.11.2016) la expulsión de unos 15.000 funcionarios, la mitad de ellos policías, y el cierre de 375 asociaciones sociales y culturales y de nueve medios de comunicación.

En todos los casos, el Ejecutivo consideró que las personas o entidades castigadas tenían "vínculos con una organización terrorista o formaban parte de una estructura cuyo fin es realizar actividades contrarias a la seguridad del Estado".

Este decreto publicado hoy en el Boletín Oficial de Estado no nombra a las organizaciones subversivas, pero en el caso de funcionarios y policías destituidos, la prensa turca da por hecho que se trata de la red de supuestos simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara tiene por instigador de la asonada de julio.

Un total de 7.500 agentes de la Policía y 400 del cuerpo de Gendarmería, así como casi 1.900 militares han sido destituidos de forma definitiva.

Prohibidos de defenderse ante la Justicia

Este sanción incluye a 5.750 funcionarios de diversos ministerios, como Interior, Salud o Finanzas, o entidades como la radiotelevisión pública. A todos se les prohíbe recurrir a la Justicia contra esta decisión y se les veta cualquier futuro empleo en una institución pública, además de prohibírseles cualquier participación en empresas de seguridad privadas.

Un procedimiento habitual en las destituciones de funcionarios decretadas al amparo del estado de emergencia, que fue impuesto en julio, pocos días después del fallido golpe, y prorrogado tres meses más en octubre, aunque el presidente, Recep Tayyip Erdogan, ya ha señalado que probablemente dure un año.

Las medidas, que no pueden ser impugnadas ante un juez, tratan de expulsar de la Administración a todos los miembros o simpatizantes de la cofradía del exiliado Gülen, quien fue un estrecho aliado de Erdogan hasta 2013, año en el que ambos se enfrentaron en una feroz lucha de poder que desembocaría en el fallido golpe y las medidas de purga posteriores.

CT (EFE, dpa)

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