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Venezuela

El caso Odebrecht salpica a Venezuela

La constructora pagó cerca de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno e intermediarios para obtener contratos en Venezuela desde 2001, según la primera causa sobre el caso abierta en el país.

La Fiscalía General de Venezuela citó este miércoles (12.07.2017) a la esposa y a la suegra del exministro y actual diputado oficialista Haiman El Troudi para imputarlas en el marco de la causa de corrupción de la constructora Odebrecht, en lo que representa la primera acción judicial vinculada con el caso en el país. Según investigaciones previas, las imputadas depositaron el dinero proveniente del pago de presuntos sobornos en cuentas en el exterior del país a nombre de familiares. En Venezuela Odebrecht intervino en más de diez obras, la mayoría de las cuales quedaron paralizadas en diversos puntos de su desarrollo.

Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija, María Eugenia Baptista Zacarías, esposa de El Troudi, fueron convocadas por la Fiscalía para el 27 de julio próximo para ser imputadas formalmente. El Troudi fue ministro de Transporte y Obras Públicas (2014-2015) del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Baptista fue funcionaria mientras El Troudi era titular de ese despacho. Actualmente es diputado, pero con la decisión de la bancada oficialista de retirarse de la Asamblea Nacional desapareció de la vida pública.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien libra una pelea con el Gobierno de Maduro, había revelado el martes que tenía identificados a varios funcionarios y ex funcionarios por el caso Odebrecht y que serían citados para imputarlos por cargos de corrupción. "Este proceso responde a una investigación adelantada por el Ministerio Público en cuanto a diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de la mencionada constructora brasileña", señaló la fiscalía en una declaración.

Ortega también denunció que al fiscal Zair Mondaray, jefe de la dirección de Actuación Procesal, le anularon su pasaporte cuando iba a viajar a Argentina para una reunión de fiscales. Ortega dijo que rechazaba la medida, que se suma a una serie de recientes decisiones del TSJ para anular decisiones del Ministerio Púbico.

El TSJ limita capacidad de acción de la Fiscalía

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció hoy mismo que el Ministerio Público sólo podrá realizar imputaciones ante jueces de control con el fin de evitar que se vulneren derechos constitucionales que conlleven a una "lesión jurídica irreparable". La Sala acordó que "toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, solo obtendrá la condición de imputado una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público con las garantías de defensa, en la sede jurisdiccional, de los hechos de los cuales se les atribuye la participación o autoría".

El Supremo aseguró que la decisión se toma "en resguardo de la independencia de la actuación de los jueces que integran el sistema de justicia penal, así como los derechos de las víctimas en dichos procesos". La sentencia surge en el marco de varias citaciones, en calidad de imputados, que ha hecho la Fiscalía a algunos funcionarios del Gobierno o personas afines a este, como el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ambos citados por presunta violación a derechos humanos; entre otros funcionarios.

LGC (dpa/EFE)

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