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América Latina

Condenan a implicado en supuesto complot contra Evo Morales

Un tribunal boliviano condenó a ocho años de prisión por el delito de complicidad en terrorismo a uno de los implicados en un supuesto plan para asesinar al presidente Evo Morales en 2009.

La oposición sostiene que todo el plan fue un montaje del Gobierno boliviano para vincular a lideres autonomistas de Santa Cruz con delitos de terrorismo con el fin de perjudicarlos políticamente.

La oposición sostiene que todo el plan fue un montaje del Gobierno boliviano para vincular a lideres autonomistas de Santa Cruz con delitos de terrorismo con el fin de perjudicarlos políticamente.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, en una audiencia celebrada en Santa Cruz, impuso la condena a Ignacio Villa Vargas, apodado "El Viejo", en el marco del caso conocido como "Terrorismo I", según un comunicado de la Fiscalía. La sentencia fue posible porque Villa Vargas decidió acogerse a un procedimiento abreviado, tras reconocer su culpabilidad.

Según Guerrero, la sentencia demostró la hipótesis de la Fiscalía de que existía un movimiento separatista en la ciudad de Santa Cruz, "que motivó una serie de actos ilícitos, entre ellos, el atentado explosivo contra la casa del cardenal Julio Terrazas", en 2009.

El caso estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó un operativo en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de integrar una célula terrorista que supuestamente buscaba la secesión de la región cruceña y atentar contra Morales. En esa operación murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, y fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, actualmente en prisión.

Las autoridades enjuician a un total de 39 personas, entre ellos a varios líderes políticos y empresariales de Santa Cruz, pero el juicio ha sufrido varios retrasos y tropiezos desde su inicio, como el cambio de fiscales y de sede varias veces, lo que ha retrasado el avance del proceso para todos los acusados.

La oposición sostiene que todo el plan fue un montaje del Gobierno boliviano para vincular a lideres autonomistas de Santa Cruz con delitos de terrorismo con el fin de perjudicarlos políticamente.

El principal fiscal acusador del caso, Marcelo Soza, renunció a su cargo y en marzo del año pasado se fugó a Brasil, donde pidió refugio político, tras haber sido acusado de actos de corrupción por la oposición y el oficialismo.

RML (efe, medios)

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