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España

"Caso Gürtel": Rajoy declarará el 26 de julio

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que declarar en persona el 26 de julio, como testigo en un juicio por corrupción que involucra a su conservador Partido Popular (PP).

El tribunal del llamado "caso Gürtel" decidió la comparecencia física de Rajoy, quien había pedido declarar como testigo por videoconferencia. "Si bien, dada la condición del testigo se considera procedente adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional", explica el auto, el tribunal considera que Rajoy no comparecerá como jefe del Ejecutivo sino como ciudadano español, aunque ha aceptado la fecha que propuso para testificar.

El caso Gürtel −que toma su nombre del apellido en alemán del principal acusado, Francisco Correa− se ocupa de supuestos pagos ilegales al PP entre 1999 y 2005, período en el que el actual jefe del Ejecutivo ocupó altos cargos directivos en el partido, del que es presidente desde 2004. Por ese motivo la Audiencia Nacional española lo llama como testigo.

"Un acto de pura normalidad"

Cuando se conoció que el tribunal lo convocaba, hace un mes, Rajoy dijo a la prensa que iría "encantado" a testificar, lo que consideraba "un acto de pura normalidad", en democracia.

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El de Gürtel es uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en España y se centra en investigar una red de contratos amañados entre empresarios y cargos del PP durante varios años, así como la existencia de una supuesta contabilidad paralela en el partido alimentada por pagos opacos.

El macrojuicio arrancó en octubre y sentó a 37 personas en el banquillo. Uno de los principales acusados es Luis Bárcenas, extesorero del PP que denunció una financiación ilegal en la formación conservadora durante 20 años y acusó a algunos de sus dirigentes, entre ellos Rajoy, de haber recibido dinero en negro.

La acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), solicitó el testimonio del jefe del Ejecutivo español para que éste se pronuncie sobre la posible existencia de una supuesta "caja B" en el PP e informe sobre la financiación de campañas electorales que se investigan en la causa. La Audiencia Nacional admitió el pasado abril la prueba en contra de la postura de la Fiscalía, la abogacía del Estado y el propio PP.

RML (efe, dpa, reuters)

 

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