Uruguay: entre el derecho y el desacato
11 de noviembre de 2011
El 24 de agosto pasado, una noticia sorprendió a los uruguayos: el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro —un exdirigente guerrillero tupamaro— se reunió con militares y dijo que las denuncias ante la Justicia por delitos durante la dictadura tenían "un trasfondo político". La declaración se produjo en medio de un escenario sumamente complejo, donde tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Gobierno y la Suprema Corte de Justicia uruguayos ponen lo suyo.
Todo gira en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada por el Parlamento en diciembre de 1986 con los votos de los partidos tradicionales Colorado y Nacional, dominantes por entonces en el sistema político. Esa norma, llamada "Ley de Impunidad" por sus detractores, establece la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
En noviembre de 2009, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que la creación de la ley tuvo la finalidad de "compensar" la ley de amnistía a los guerrilleros. Los militares, agregó, se sintieron burlados: habían entregado el poder en un acuerdo; nadie les había prometido nada, pero tampoco se había anunciado una amnistía a los tupamaros. "La amnistía de la guerrilla vino y entonces quedamos enfrentados a una dualidad moral: para los que quisieron derrumbar la democracia, perdón; para los que primero la defendieron y luego la secuestraron, paredón", argumentó Sanguinetti.
Esa posición fue criticada en reiteradas oportunidades, por equiparar el accionar de las guerrillas tupamara y otras con el terrorismo de Estado, en lo que se considera la versión uruguaya de la teoría de los dos demonios. Ello choca frontalmente con el principio de que el Estado nunca ni por ningún motivo puede violar los derechos humanos, ya que es justamente el responsable de salvaguardarlos.
Quince años sin pretensión punitiva
La Ley de Caducidad impidió durante 15 años —a lo largo de tres gobiernos consecutivos— el procesamiento de culpables de delitos cometidos por la represión durante la dictadura (1973-1985). La intención original —declarada sin tapujos en el proceso de aprobación de esta ley— fue evitar un eventual desacato de un conjunto de militares citados a comparecer ante la Justicia.
La norma dejó a cargo de los presidentes la responsabilidad de hacer posible la acción de la Justicia caso por caso. El colorado Julio María Sanguinetti (durante dos períodos de gobierno) y luego el blanco Luis Alberto Lacalle, bloquearon durante 15 años toda denuncia presentada.
El colorado Jorge Batlle (2001-2005) rompió esa regla y habilitó un juzgamiento: el del exministro de RR. EE. de la dictadura Juan Carlos Blanco, en 2002, condenado por desaparición de una maestra. Más tarde sería condenado también por cuatro asesinatos. No fue sino durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, llegado al gobierno en 2005, que el Poder Ejecutivo comenzó a dar curso a más denuncias.
La inexistencia de procesados castrenses durante quince años prueba la inmunidad no escrita con que contaron los militares durante tan largo tiempo.
Dos presidentes de izquierda, dos líneas
Durante el período 1973-1985 hubo en Uruguay 116 muertos y 172 desaparecidos, en su gran mayoría dirigentes y militantes políticos y sindicales. Solo algunas víctimas fueron integrantes de grupos guerrilleros, ya derrotados militarmente y encarcelados durante el gobierno constitucional anterior.
Encabezado por el presidente Tabaré Vázquez (2005–2010), el primer gobierno del Frente Amplio (una coalición de izquierda formada por 26 agrupaciones políticas, entre partidos y movimientos), abrió las puertas al enjuiciamiento de militares. Hasta ahora han sido condenados dos civiles y 18 uniformados, entre militares y policías. Otros cinco integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentran imputados. Entre los condenados se hallan los expresidentes Juan María Bordaberry, por los delitos de atentado a la Constitución y asesinato, y Gregorio Álvarez, por desaparición forzada y homicidios reiterados.
Paradójicamente, el segundo presidente de izquierda, José Mujica —otro dirigente exguerrillero, que asumió en el 2010—, si bien sin dejar de habilitar procesos, tendió la mano al sector castrense en un intento de cerrar brechas del pasado. Pero el presidente está casi solo: su política es rechazada por todos los partidos del Frente Amplio e incluso por miembros de su propio subsector político.
Intentos fallidos de derogar la Ley de Caducidad
En mayo de 2011, una propuesta del Frente Amplio de anulación de la ley de Caducidad, rechazada por Mujica, fue aprobada por el Senado, pero no logró los votos necesarios en la Cámara de Diputados, justamente por la retirada de un diputado frenteamplista afín a Mujica.
La Ley de Caducidad tampoco pudo ser anulada por consulta popular: fue sometida a referéndum dos veces, en 1989 y 2009. En el referéndum de 1989 se puso a votación su derogación completa. Ganó el “no” por un 57%. En la consulta popular de 2009 se puso a plebiscito la anulación de los artículos centrales 1 a 4 de la ley. Un 47,98% de los sufragantes votó por anularlos. La propuesta fue por lo tanto rechazada, ya que se necesitaban más del 50% de los votos emitidos para aprobarla.
Fallos y contrafallos
La Ley de Caducidad tampoco la ha tenido fácil en el marco del Poder Judicial: en mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia decidió por primera vez sobre ella, rechazando su inconstitucionalidad en un fallo dividido: de los cinco miembros del cuerpo, tres opinaron que la norma era constitucional, mientras que dos sostuvieron que era inconstitucional.
En 2009, luego de consultar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia revisó su fallo anterior y declaró esta vez por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley. Pero la Corte considera por otra parte prescritos los delitos al 1 de noviembre de 2011. Ello implica que no podrán iniciarse nuevas causas judiciales contra los crímenes de la dictadura a partir de esa fecha.
Al paso le salió en marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinando que el Estado uruguayo debía dejar totalmente sin efecto la "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva", por cuanto "puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos" cometidos durante la dictadura.
Nuevos giros y sin final a la vista
Las organizaciones sociales vinculadas con las víctimas reclaman ahora al Gobierno el cumplimiento del dictamen de la CIDH que, aunque reconocido por el Ejecutivo, está siendo acatado sólo parcialmente.
Tratando de cumplir la resolución de la Corte, Mujica revocó las decisiones de gobiernos anteriores por las que se aplicó la Ley de Caducidad a denuncias de violaciones a los derechos humanos y publicó una lista de 143 causas judiciales denunciadas por 475 víctimas en 24 juzgados, en los que hasta ahora solo dos civiles y 20 represores han sido procesados.
También ha programado para este año la realización de un acto público donde los tres Poderes reconocerán la responsabilidad del Estado uruguayo respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Sin embargo falta todavía cumplir con la esencia de la sentencia de la Corte Interamericana: anular la propia Ley de Caducidad para poder investigar las causas de violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional considera que la decisión de la Alta Corte uruguaya de declarar los delitos cometidos durante la dictadura militar como homicidios "es contraria al derecho internacional, ya que permite la aplicación de la prescripción y sienta un peligroso precedente para futuros casos que versen sobre delitos de derecho internacional, los cuales podrían ser también susceptibles de prescripción".
Diversas ONGs están decididas a presentar ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos todos los casos de desaparición forzada, homicidio político, torturas y demás violaciones a los derechos humanos cuya prescripción permita el Estado uruguayo. El final de este largo proceso está por lo tanto todavía abierto.
Autor: Pablo Kummetz
Editora: Mirjam Gehrke