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Unión Europea: "promover el retorno voluntario de ilegales"

Mirra Banchón18 de junio de 2008

A pesar de las duras críticas a las que se ha visto enfrentada, la nueva Directiva de Retorno de la Comisión Europea ha sido aprobada por la Eurocámara. ¿De qué se trata? ¿Qué visión de la migración subyace en ella?

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Jacques Barrot, comisario europeo de Justicia, Libertad y SeguridadImagen: picture-alliance/ dpa

El Parlamento Europeo aprobó el proyecto de Directiva de Retorno de inmigrantes irregulares. Tras casi tres años de negociaciones, el texto –acordado previamente con los ministros de Interior de los países de la Unión Europea- fue aprobado con una clara mayoría de 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

El ponente de la directiva, el conservador alemán Manfred Weber, la calificó de un paso adelante en política común de inmigración. “Europa debe decidirse”, aseveró Weber, “legalizar a sus inmigrantes ilegales o pedirles que se vayan”. Y al parecer, los esfuerzos se encaminan a pedirles que se vayan en un plazo de entre siete días y un mes. Si no se fuesen, tendrán que ser expulsados, tras un tiempo de retención de máximo 18 meses. Una prohibición de reingreso a la UE por un lapso de cinco años seguirá a la expulsión. Eso sí –y ésta es una aparente ventaja para el inmigrante sin recursos-, a su disposición se pondrá asistencia legal. La directiva prevé que los intereses de los menores y las familias sean tenidos en cuenta.

En la actualidad, cada país de la UE maneja el asunto de diferente manera: Francia retiene al ilegal por 30 días antes de su expulsión; España 40, Malta y Alemania hasta 18 meses; Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no tienen un máximo estipulado. Los 27 países tienen ahora un plazo de dos años para incluir la directiva en su legislación nacional.

La nueva directiva

La Directiva de Retorno establece condiciones comunes para la expulsión y retención temporal de inmigrantes ilegales de países no comunitarios, promoviendo el retorno voluntario. Entre las propuestas relativas a la inmigración común, figura la posibilidad de que los Estados establezcan acuerdos de asociación con los países de origen; se propone una política de visados que responda a los intereses de la UE así como también la gestión y el control integrado de las fronteras exteriores europeas. En cuanto a las políticas de asilo, Bruselas propone la creación de una agencia europea que se dedique a coordinar el tema para que los esfuerzos se encaminen en una sola dirección. Una consecuencia práctica de una entidad así sería que una solicitud de asilo denegada en un país comunitario se vuelva a presentar en otro.

El primero de un programa de tres puntos: ¡siga leyendo!

Typisch deutsch - Migrantenpaar im Schrebergarten
"Europa tiene que decidirse: o legaliza a sus inmigrantes o les pide que se vayan"Imagen: picture-alliance / dpa

Con la aprobación de esta directiva, la Comisión Europea ha puesto en práctica el primero de su programa de 3 puntos para regular y controlar la migración. En un segundo nivel se tratará de regular e incentivar la migración “educada” conveniente a las economías europeas –el controvertido programa de blue card-, y en un tercero de criterios de penalización de empresarios europeos que contraten mano de obra ilegal. De atacar las causas de la migración masiva del África hacia Europa –debida en algunos casos a la desestabilización de los mercados internos por la propia Unión Europea-, no se habla. Tampoco de enfrentar el fenómeno de miles y miles de inmigrantes que, tolerados, trabajan en las sombras.

Algunas posturas

La Directiva de Retorno y Asilo es un primer paso para desarrollar una política de migración común es la postura oficial. Un instrumento de esta índole es, según el comisario europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, “un requisito indispensable para que se pueda gestionar la inmigración legal y la integración, así como para luchar contra la inmigración clandestina". Y en eso la mayoría concuerda; el problema radica en los detalles. A pesar de que los flujos de migración son diferentes en los diversos puntos europeos, en una Europa sin fronteras interiores, la migración legal o ilegal no puede ser regulada individualmente. Sin embargo, “no queremos una directiva a todo precio”, recalcó la socialista francesa Martine Roure. Por su parte, organizaciones de derechos humanos -Amnistía Internacional entre ellas- y expertos en la materia critican que la nueva directiva, sobre todo, criminaliza al inmigrante.