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Sudeste Asiático: solución temporal para crisis migratoria

Gabriel Domínguez (ERC/JOV)20 de mayo de 2015

La comunidad internacional celebra la decisión de Malasia e Indonesia de ofrecer refugio temporal a las 7.000 personas que flotaban a la deriva cerca de sus costas. Aún así, la crisis migratoria continúa en esa región.

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El mandatario de Malasia, Anifah Aman (centro), con sus homólogos de Indonesia (der.) y Tailandia (izq.).
El mandatario de Malasia, Anifah Aman (centro), con sus homólogos de Indonesia (der.) y Tailandia (izq.).Imagen: picture-alliance/dpa/F. Ismail

Los Gobiernos de Indonesia y Malasia cedieron ante la presión internacional este miércoles (20.5.2015) y anunciaron que no seguirían repeliendo las barcazas que se acercan a sus costas cargadas de migrantes. Los mandatarios de ambos países acordaron ofrecer refugio en sus respectivos territorios a hasta 7.000 personas que flotaban a la deriva. Tailandia, que coprotagoniza esta crisis, informó que estaba en capacidad de ofrecer ayuda humanitaria, pero no de recibir a los bangladesíes y rohinyás a bordo de las precarias naves.

Los rohinyás, una comunidad musulmana asentada principalmente en Myanmar, es descrita por las Naciones Unidas como la minoría más perseguida del mundo. Ese país clasifica a su población de 800.000 rohinyás como inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. Muchos rohinyás carecen de nacionalidad birmana y se ven obligados a huir debido a brotes recurrentes de violencia sectaria. Se estima que la “cuestión rohinyá” continuará siendo un problema regional hasta que la situación política de Myanmar se estabilice.

Determinando prioridades

Aunque Jeffrey Labovitz está entre los que aplauden la decisión de Malasia e Indonesia de garantizarle refugio temporal a los migrantes en cuestión, el jefe de misión de la Organización Internacional para la Migración en Tailandia enfatiza que la actual prioridad es encontrar la miríada de barcos que todavía están en mar abierto y traerlos a puerto seguro. Vivian Tan, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), coincide con Labovitz, acotando que los países del Sudeste Asiático deben unir esfuerzos para lograrlo.

El otro tema pendiente es determinar si las miles de personas que están a bordo de esas naves son refugiados, personas perseguidas cuyas vidas corren peligro extremo en sus países de origen, o ciudadanos que abandonan su tierra natal por razones económicas. Labovitz asegura que la comunidad internacional está dispuesta a contribuir en esa tarea. Y es que de esa labor de clasificación se derivan otras implicaciones. Por ejemplo, si estas personas pueden ser repatriadas, enviadas a otros países o integradas a las sociedades de los actuales países de acogida.